La exigencia de estos trabajadores llegó hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde la Corte fue acusada de violar el derecho a una justicia oportuna y expedita, luego de no resolver en siete años la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley del Canal que prohíbe las huelgas.
Los trabajadores no descartan interponer otros recursos ante tribunales internacionales.