El grupo de defensa italiano Finmeccanica negó nuevamente ayer haber "pagado o prometido sobornos", en forma de dinero en efectivo o bienes materiales, al Gobierno de Panamá.
La empresa respondió así, en un comunicado, a la publicación por la prensa italiana de nuevas informaciones sobre las investigaciones al exdirector del diario "Avanti", Valter Lavitola, por supuesto chantaje al ex primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, en relación con sus fiestas con jóvenes y que apuntan al presunto pago de sobornos a funcionarios panameños a cambio de contratos públicos.
Sobre Lavitola -arrestado el pasado lunes a su llegada al aeropuerto romano de Fiumicino desde Argentina, donde se había refugiado después de que estallara el escándalo del supuesto chantaje a Berlusconi- pesan además las acusaciones de corrupción y desvío ilegal de fondos al exterior, así como la de supuestos sobornos a políticos de Panamá.
La prensa italiana precisó ayer, conforme a datos de la investigación a los que tuvo acceso, que Lavitola había prometido decenas de millones de euros a los funcionarios panameños para la firma de un contrato por valor de 176 millones de euros para la construcción de cárceles, que finalmente no se llevó a cabo. Las cárceles iban a ser construidas por la empresa Svemark, cuyo presidente era Mauro Velocci.
Velocci -según fuentes consultadas tenía problemas con estupefacientes-, declaró como testigo del caso a los fiscales de Nápoles que Lavitola era el mediador ante Martinelli y otros miembros de su gobierno.
Además, el diario La Repubblicapublicó ayer la transcripción de unas escuchas del 21 de agosto de 2011 entre Lavitola y el director comercial de Finmeccanica, Paolo Pozzassere, en las que hablan de entregar un helicóptero al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, "como anticipo del pago de 30 millones" que se le había prometido (ver entrevista).
Según la prensa italiana, ni el helicóptero ni el resto del pago fue entregado, ya que la operación salió a la luz después de que el nombre de Lavitola apareciera en las investigaciones por supuesto soborno a Berlusconi.
Finmeccanica negó estas informaciones y afirmó que Giuseppe Orsi, en ese momento al frente de la empresa Agusta Westland, filial de Finmeccanica en Panamá, nunca autorizó "poner a disposición o entregar ningún helicóptero al Gobierno de Panamá o a su presidente, antes de los tiempos regulares para el suministro de los 5 helicópteros previstos" por contrato. Los investigadores italianos centran sus pesquisas en la sociedad Agafia Corp., propiedad de Gustavo Franchella, un argentino residente en Panamá, que tiene como consejera delegada a Karen De Gracia.
Mulino responde.
En Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores encargado y titular de Seguridad, José Raúl Mulino, aseguró ayer que nunca hubo sobornos para la construcción de cuatro cárceles modulares.
Recordó que la idea era el funcionamiento de estos contenedores como cárceles, pero no se concretó porque no hubo el financiamiento para ello.
Esto fue parte de la explicación que Mulino hizo ayer ante el cuerpo diplomático acreditado en Panamá.
Sin embargo, en conferencia de prensa, Mulino reconoció que Lavitola fue beneficiado con seguridad y vehículos del Estado, cuando estuvo en Panamá, y aseguró que eso es normal.
“Berlusconi era primer ministro de Italia, Lavitola era el representante del Gobierno de Italia ante Panamá. Yo he viajado como exministro a países amigos y por la deferencia de mi cargo también me han dispensado el trato de un vehículo”, excusó Mulino.
Mulino, finalmente, dijo que viajará a Roma en las próximas horas para "dejar claro" que el Gobierno del presidente Martinelli no tiene nada que ver con un caso de presunta corrupción que investiga la justicia italiana.
"Apenas me confirmen la cita viajo a Roma, a decir la verdad (...) tenemos que agotar todas las instancias políticas para aclarar esto".
Por su parte, el Ministerio Público anunció ayer que la fiscal anticorrupción, Lizzett Chevalier viajará a Italia para entregar el pedido de asistencia judicial que se le hará a las autoridades, con miras a obtener el expediente del caso Lavitola y la negociación de las cárceles modulares.
La presidenta ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana-Transparencia Internacional, Angélica Maytín, señaló que desde el inicio de la actual administración se ha criticado el estilo de hacer contratos públicos, ya que muchas veces no realizan licitaciones, y contratan con empresas de dudosa reputación.
Entre tanto, Carlos Lee, de la Asamblea Ciudadana, dijo que por ser una denuncia que involucra al presidente de la República, le compete a la Asamblea declarar una sesión judicial, donde los diputados entren a analizar los hechos.
Por su parte, el perredista Juan Carlos Navarro pidió al presidente Martinelli “que dé la cara”, pues él es el único responsable de la mala imagen de Panamá a nivel internacional. “Esto pone en riesgo la estabilidad económica ”, agregó.
