Las empresas Rellenos del Golfo S.A., Atlantic Pacific Excavation S.A., Maritime Development Corp. y Corporación Oriental de Inversiones S.A. aclararon ayer que no han iniciado ningún trabajo de extracción de arena submarina en la provincia de Darién y denunciaron que en los últimos días algunos sectores quieren "satanizar" esta actividad. De acuerdo con Manuel Hernández Calvo, representante legal de las empresas mencionadas, los permisos a que aluden para extraer arena expiraron el pasado mes de diciembre sin que hasta la fecha se haya solicitado renovación al Ministerio de Comercio e Industrias.
Precisó que todavía ninguna de las empresas ha llevado a cabo extracción de arena submarina en Darién, sino que se han dedicado a la ampliación de los estudios correspondientes exigidos por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), que comprende aspectos biológicos y socio- económicos de interés de los pobladores de la región.
"Nuestra gestión empresarial se vincula a Royal Boskalis, la empresa de dragado más importante del mundo, las que tras cerca de veinte años en Panamá ha participado en la mayoría de obras de envergadura que se han realizado", acotó.
Indicó que las técnicas que utilizan es la empleada en un gran número de países que observan una legislación en la materia tanto o más exigente que Panamá, lo que garantiza la protección de los recursos naturales y del medio ambiente.
Hernández Calvo señaló que desde el pasado 17 de julio le enviaron una misiva al Defensor del Pueblo solicitándole una reunión para aclarar la denuncia presentada por algunos moradores del área, sin embargo, hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta al respecto.
"Es oportuno aclarar que, al no haber hecho hasta el momento otra cosa que adelantar la ampliación de los estudios para aspirar en debida forma a concesión para extraer arena submarina en la provincia de Darién, no puede atribuirse a nuestras empresas daño ecológico alguno en la provincia mencionada", recalcó el representante legal. Puntualizó su preocupación por expresiones y campañas que denigran sin fundamento una actividad industrial que se realiza con ética y la responsabilidad profesional que la transparencia exige de las empresas que operan en el país.
"Si la Defensoría del Pueblo hubiera atendido nuestra solicitud de ser escuchados para demostrar nuestra ética y seriedad profesionales, como lo intentamos en varias ocasiones, no se hubiera dado curso, como en este caso, a informaciones que confunden a la opinión pública y perjudican a empresas interesadas responsablemente en servir al desarrollo del país", añadió Hernández.