El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) hizo ayer “un llamado para que prevalezca el buen juicio y la sensatez, y no caer en el suicidio económico que representaría para Panamá la funesta aprobación del artículo que se pretende introducir en el proyecto de ley 394, prohibiendo el establecimiento de hidroeléctricas, no solo en la comarca Ngäbe-Buglé, sino también en las áreas aledañas y en cualquier parte del territorio donde haya presencia de dicha etnia”.
“Con todo el respeto que los indígenas merecen, así como también los tres millones de panameños que día a día laboran para que el país avance y así garantizar un futuro promisorio para las presentes y futuras generaciones, debemos señalar enfáticamente y con conocimiento de causa que las generadoras hidroeléctricas son fuente de progreso”, se detalló a través de un comunicado.
Entre tanto, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Adolfo Linares, considera que la construcción de hidroeléctricas es vital para el desarrollo energético del país. “No debe limitarse la producción de energía limpia (hídrica), porque de no ser así dependeríamos de la energía térmica que es mucho más cara”, dijo.
“Creemos que como ciudadanos los indígenas tienen derecho a que el Gobierno les garantice la conservación de los recursos hídricos para el acceso a los ríos y demás, pero no a que las concesiones de este tipo tengan que suspenderse porque es condenar el desarrollo del país. La construcción de nuevas hidroeléctricas garantiza energía más barata a menos costo. El Gobierno debe sentarse a dialogar con el pueblo y explicar esto”, agregó.
Linares, quien participó en la reunión que se realizó en la Presidencia de la República con los empresarios, explicó que el encuentro se basó en una explicación de lo ocurrido ayer y las acciones que realizó el Gobierno para la apertura de la vía.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Federico Humbert, manifestó que: “Estamos frente a una situación que requiere un urgente diálogo, más allá de debatir si deben ejecutarse o no, se debe llegar a acuerdos sobre cómo hacerlo responsablemente sin prejuicio al país y garantizando el desarrollo social y económico”.
En la reunión que se realizó en la Presidencia de la República el pasado domingo en la noche participaron representantes de gremios de abogados, comerciantes, industriales, dueños de medios de comunicación, de la Cámara Minera, sindicalistas, productores, miembros del sector turismo, hotelero y bienes raíces, entre otros.
El secretario de Energía, Juan Manuel Urriola, informó que cancelar las concesiones hidroeléctricas -frente a la constante alza del precio del petróleo- conllevaría un incremento tarifario de hasta un 30% en la facturación.
El Gobierno también insiste en que la suspensión de las concesiones hidroeléctricas –tal y como lo plantean los grupos indígenas- obligaría al Estado a incurrir en sobrecostos anuales de alrededor de 200 millones de dólares para suplir la demanda energética a través de plantas de generación térmica utilizando Bunker C como combustible.
