Raúl Delvalle, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá; Enrique de Obarrio, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE); Gaspar García de Paredes, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá; Darío Selles, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), y Reinalda Mata Kelly, de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón cuestionaron fuertemente la reforma fiscal.
Delvalle propuso la creación de un tribunal tributario, reconociendo que existen evasores, pero enfatizó que se oponen a que la imposición de penas de cárcel quede en manos de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Sostuvo además que el 1.4% del IRMA es un impuesto nuevo a la venta, que va a producir un efecto en cascada, afectará el consumo y traerá una disminución en la generación de empleos y ahuyentará a los inversionistas. El viceministro de Finanzas, Rolando Mirones, señaló que el IRMA no es un nuevo impuesto, enfatizando que el efecto cascada a toda la facturación no debe producirse, ya que el ejercicio de cálculo sobre el impuesto sobre la renta se hace al final del año.
No obstante, explicó que con el IRMA lo que se busca es que algunos negocios no leales, paguen una tasa efectiva real.
Por su parte, Enrique de Obarrio, de la APEDE, sostuvo que más que darle a la DGI ese poder sancionador, debe mejorarse su capacidad operativa, aplicando medidas explícitas para incrementar la recaudación.
Para De Obarrio, con el IRMA se desvirtúa el concepto de la renta y se estaría gravando el crecimiento sin considerar la rentabilidad, sobre todo si se grava sin tomar en cuenta la particularidad de las empresas y por ello se afectarían las compañías con bajos márgenes de rentabilidad.
El presidente Martín Torrijos reiteró el objetivo de equidad que buscan las reformas fiscales y se mostró seguro de que, al concluir el primer debate en la Asamblea Nacional y hacerse las modificaciones necesarias, saldrá un proyecto mejor que el inicialmente presentado.
