A más tardar en este período legislativo se pretende aprobar el proyecto de ley, mediante el cual se establecería la fiscalización en el uso de fondos de parte de las organizaciones de padres de familia y el ordenamiento de su funcionamiento, informó el legislador Julio César Castillo.
Castillo, legislador arnulfista, presentó ya ante el pleno legislativo el proyecto de ley mediante el cual se establecen las normas que en el futuro cercano pretenden reorganizar estas agrupaciones que en los últimos meses han sido blanco de todo tipo de acusaciones.
El legislador propuso esta iniciativa en el pasado período de sesiones ordinarias, pero no fue aprobada por falta de tiempo, a pesar de que contaba con el apoyo de legisladores de diversas bancadas.
Por medio de la propuesta, recién presentada, se establece, entre otras cosas, quiénes tendrán derecho a participar en las directivas y en las asociaciones de padres y madres de familia de los colegios oficiales.
El legislador Castillo expresó su preocupación por el hecho de que en los últimos años en estas organizaciones participan personas que no tienen ningún grado de consanguinidad o relación alguna con los estudiantes que representan.
A juicio del legislador, en varios casos se trata de personas que se han "enquistado" en estas organizaciones y han incurrido en malos manejos u otras prácticas censurables.
La regulación de las asociaciones de padres y madres de familia es un tema que quedó pendiente de los acuerdos logrados en el Diálogo por la Educación Nacional y que según el legislador José Blandón Figueroa, expresidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa, va a ser retomado en el actual período de sesiones ordinarias.
El legislador proponente aseguró que no hay intención de eliminar las organizaciones de padres y madres de familia, sino de ordenarlas para que puedan brindar un mejor servicio y colaborar en el proceso de enseñanza de sus hijos, que son el objeto de la educación nacional.
El tesorero municipal, Ventura Vega, aseguró que la ley señala que si el flujo de caja lo permite los municipios "determinarán" la cantidad de dinero que destinarán para apoyar a los comedores escolares. Destacó que no es obligación entregar esos subsidios con regularidad y aclaró que no se habían podido dar porque la recaudación era baja y además los directores de escuelas presentaban la documentación incompleta.
Explicó que el Municipio de Panamá entregará B/.46 mil para beneficiar a 120 escuelas con comedores escolares, pero aclaró que las partidas se entregarán cuando cada director presente su informe económico de gastos de la partida anterior ante la dirección de Bienestar Social del municipio. Vega dijo que es conveniente que la Contraloría realice una auditoría sobre las cuentas que presentan los directores de escuelas porque nunca antes se ha llevado a cabo un ejercicio de este tipo para sanear esas cuentas.
Indicó que los directores de escuelas presentan un informe de gastos ante la dirección de Bienestar Social y no pasan por una auditoría más completa. Con respecto a la posibilidad de que antes que finalice el año se entregara otra partida, Vega destacó que los directores acaban de entregar las cuentas que deben pasar por los refrendos establecidos y si el flujo de caja lo permite, se entregará.
Según un informe de gestión del alcalde Juan Carlos Navarro, entre septiembre de 1999 y junio de 2000 se entregaron B/.124,840 a los comedores escolares; en el 2001 se estableció un presupuesto de B/.2.2 millones para apoyar a los comedores escolares mientras que entre enero y diciembre de 2002, el subsidio alcanzó los B/.24 mil. Después del 2002, el subsidio municipal a los comedores había sido suspendido.
