En una reunión que podría calificarse como secreta, la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa aprobó ayer en primer debate un proyecto de ley que algunos legisladores calificaron como atentatorio a la libertad de expresión y que fue presentado por el legislador arnulfista, Marcos González.
A la sesión en donde se aprobó este proyecto no asistió ningún comunicador social, representante de los gremios periodísticos, propietario o director de medio comunicación, ya que no se les cursó invitación.
González aseguró que "la consulta sobre el tema, yo la he hecho, yo le puedo decir que cuando llamé a sesión, quizás algunos que trabajan en la Asamblea les interesó, los demás no fueron, el mensaje que enviaron fue que esto no pasaba de primer debate".
Mientras que los legisladores Arturo Araúz y Francisco Reyes propondrán que se devuelva a primer debate, dos proyectos de ley que están actualmente en el pleno legislativo y que a su juicio podrían constituirse en atentatorios de la libertad de expresión.
Araúz manifestó que no se justifica que en estos momentos se presenten estos proyectos, porque la norma que derogó las Leyes Mordaza, otorgó un plazo de 180 días al Ejecutivo para preparar un nuevo texto, lo cual no se cumplió y por lo tanto corresponderá a la Asamblea Legislativa, previa consulta con los gremios periodísticos, así como con los dueños de los medios de comunicación social redactar un nuevo texto.
El legislador insistió en que el proyecto presentado por Marcos González, al igual que el propuesto por José Luis Fábrega se constituyen en normas violatorias y atentatorias a la libertad de expresión que no deben ser aprobadas en los días que hacen falta para concluir el período legislativo.
En tanto, Marcos González dijo que en la sesión de hoy solicitará que se le otorgue al proyecto, la categoría de urgencia notoria a fin de que sea aprobado antes del viernes, fecha en que concluye el actual período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa.
La propuesta del dirigente transportista, pretende establecer que el medio de comunicación, el director y el periodista que divulga una noticia falsa, son "solidariamente responsables" por la indemnización económica que tuviere derecho el ofendido en un caso de calumnia e injuria.
El mismo proyecto de ley dispone que los servicios públicos de prensa, radio y televisión en Panamá, solamente pueden ser explotados por personas de nacionalidad panameña.
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