El equipo legal de la empresa Importadora Ricamar S.A. presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un amparo de garantías constitucionales en contra de las acciones tomadas por el magistrado Abel Zamorano en la pasada diligencia a las oficinas centrales del Súper 99, ubicadas en Monte Oscuro.
En esta denuncia, también se solicitó copia de las actuaciones del magistrado Zamorano en las que por escrito pide la autorización para ir a las oficinas de esta empresa.
"A la fecha, a pesar de tantas solicitudes que se le han reiterado, siempre tiene una excusa y no entrega las copias", aseguró la exministra Alma Cortés, quien acompañó a los abogados de la compañía.
Para Cortés, el actuar del magistrado violentó el debido proceso, al incluir una empresa que no guarda relación con una investigación en la que es mencionado el expresidente Ricardo Martinelli.
"Desde el 2009, Martinelli no tiene ninguna vinculación ni relación con la empresa Súper 99 y Ricamar S.A.", sostuvo la abogada.
Por su parte, el abogado y exviceministro de Gobierno Alejandro Pérez dejó claro que es un derecho de la defensa de la empresa tener las copias del expediente de la diligencia realizada.
"¿Qué es esto?, una negociación, una extorsión, esto es una persecución política", indicó.
Pérez agregó que en la legislación panameña hay múltiples jurisprudencias que dicen que los allanamientos tienen que ser puntuales.
"En este proceso no tenemos copia de lo que está haciendo el magistrado fiscal Abel Zamorano, no tenemos acceso a nada, él va y hace lo que quiere, peligrando el trabajo de más de 30 mil panameños que laboran en el Súper 99, esto porque quiere ser magistrado principal de la CSJ", mencionó.
Dato
Diligencia: El pasado 5 de julio se realizó la diligencia en las oficinas centrales del Súper 99.
