La demanda que presentó ayer Panamá ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para solicitar la nulidad de las contrataciones directas con filiales del conglomerado italiano Finmeccanica, ya es catalogada como un desacierto legal.
"El Gobierno hace el ridículo. No proceden acciones contenciosas contra Finmeccanica, pues hay cláusula arbitral", advirtió el jurista Ernesto Cedeño, quien lamentó que los asesores del Estado no consideraran la vigencia de esta figura.
No obstante, el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán (autorizado por el Consejo de Gabinete), interpuso la demanda ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa para que "se declaren nulos por ilegales" los contratos con las empresas Selex, Augusta y Telespazio Argentina, filiales de Finmeccanica, y pide devolver $125 millones.
Ernesto Cedeño anticipó que -de partida- la Sala Tercera no es competente para tramitar demandas contenciosas debido a la figura del arbitraje, por lo que la acción interpuesta por el Estado fácilmente puede ser refutada porque "no honra el debido proceso".
