Los escándalos de malos manejos en los fondos de los colegios oficiales no se detienen y en esta ocasión la Asociación de Padres de Familia del Instituto Comercial Panamá (ICP) denunció que la dirección del plantel utilizó sin la autorización de la agrupación la suma de B/.11,775.98 para otras actividades y pidió la devolución inmediata de estos dineros, que estaban destinados para resolver algunos problemas apremiantes.
Ana de Serrano, presidenta de la Asociación de Padres de Familia del ICP, señaló que el director del plantel, Daniel Tristán y el contador, Euclides Hernández, presentaron un informe económico en el cual cargan a la asociación gastos de comidas a profesores que trabajaron en el proceso de matrícula y salarios a personal que prestó servicios especiales, los cuales no fueron autorizados por los acudientes.
Denunció que se incluyó el pago de "alimentos ofrecidos a personal de apoyo que trabajó en el proceso de matrícula", por la suma de B/.4,234.86, del cual se le cargó a la asociación el 50%, o sea, B/. 2,117.43. Según Serrano, este gasto llama la atención ya que el proceso de matrícula se extiende por dos meses y durante el mismo laboran no más de seis profesores.
Esta denuncia sigue a la de los profesores del Colegio José Antonio Remón Cantera, quienes suspendieron anteayer un paro luego que el Ministerio de Educación prometiera investigar a fondo las denuncias de mal manejo de fondos por parte de la directora del plantel. Ante éstos y otros hechos, el presidente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (APRP), Andrés Rodríguez, pidió una sanción ejemplar contra los directores de colegios secundarios que han incurrido en malos manejos de los dineros procedentes de la Ley 13.
El dirigente de los docentes respaldó la medida que anunció la ministra Doris Rosas de Mata para realizar una auditoría a los directores de los planteles donde se han denunciado irregularidades y pidió a las autoridades ser enérgicas con quienes resulten responsables de las irregularidades.
Esto es un "escándalo y deben abrirse procesos judiciales", advirtió el dirigente de la APRP, al tiempo que compartía la apreciación de la ministra Rosas en el sentido de que en el Colegio Remón Cantera los fondos provenientes de la ley han "sido mal utilizados porque lo que sucede allí es desastroso", a pesar de que en los últimos dos años este plantel ha recibido B/.800.000.
Sobre el caso del Instituto Comercial Panamá (ICP), Ana de Serrano, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, indicó que al interrogar al contador del ICP por la alta suma de dinero en ese renglón, éste señaló que ese dinero se gastó en desayunos y almuerzos para los profesores que se hicieron en el restaurante "Waikiki".
222 La Asociación de Profesores solicita que se abran procesos judiciales. Otras denuncias se agregan a los casos en trámite.
Manifestó que también se incluyó un renglón de "pagos hechos a personal que prestó servicios especiales" por la suma de B/.10,457.44, de los cuales se le cargó a la asociación el 50% de esos compromisos.
Tampoco la asociación entiende este gasto porque el plantel tiene profesores y administrativos pagados por el Ministerio de Educación. La dirigente aseguró que, desde que comenzó la nueva directiva de padres de familia, manifestaron por escrito al director Tristán su disposición de colaborar económicamente en la solución de los problemas del colegio en los renglones de asistencia estudiantil y la instalación de aires acondiciones a los séptimos grados.
Aclaró que en esa misiva señalaron que las solicitudes de apoyo a los proyectos deberían hacerse por escrito, con detalles del costo, objetivos de la actividad y el nombre de la persona responsable. Indicó que en el caso de los dineros de la asociación utilizados por la dirección del ICP, no se cumplió con esas reglamentaciones.
Ante tal situación, la asociación, relató Serrano, solicitó una investigación formal a la oficina de manejo de los fondos de la Ley 13 del Ministerio de Educación ( Seguro Educativo), la cual ordenó una auditoría al plantel, cuyos resultados finales aún se esperan.
De acuerdo con Serrano, tras una respuesta que reciben de la oficina de la Ley 13, se confirma que la dirección había utilizado también la suma de B/.30,024.45 de la Asociación de Graduandos, ya que se hizo una transferencia con fondos de la Ley 13 para cubrir esa deuda. En la misma nota, la citada oficina insta al director Tristán "a que suspenda la práctica de tomar crédito al comercio local".
Serrano indicó que en el 2002, el ICP recibió la suma de B/.216,598.00 del fondo de la Ley 13, aparte de la partida que se recibe por parte de la escuela nocturna, por lo que no entiende cómo la dirección tiene que recurrir a dineros de la asociación y tampoco se justifica el estado en que está el plantel, que carece de agua potable por la falta de un tanque de depósito.
La asociación convocó a una asamblea general de padres de familia el pasado miércoles 2 de abril para denunciar la situación, pero el director del ICP suspendió la reunión porque no se había cumplido con los trámites de solicitar el lugar con ocho días de anticipación, explicó Serrano.
Para su sorpresa, dijo Serrano, el director le envió una misiva en la cual anuncia una reunión para escoger una nueva directiva de padres de familia, cuando las funciones de los actuales directivos vence en octubre de 2003.
Manifestó que existe la intención de reemplazar a la directiva actual por el hecho de pedir una investigación sobre supuestas actuaciones irregulares de la dirección del ICP, al tiempo que hizo un llamado a los profesores y estudiantes del plantel de que estén alerta ante los hechos que se puedan dar en el ICP.
La asociación también está a la espera de una respuesta a la carta pública que le hicieron a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, para que se pronuncie e investigue lo que sucede en el ICP. Hasta el 12 de marzo pasado, los fondos de la Asociación de Padres de Familia del ICP ascendían a B/.25,336.57, de los cuales B/.20,935.50 son de la recaudación de la cuota del 2003. Cada padre de familia paga una cuota de B/.16.00 y el ICP tiene una matrícula de 3,500 estudiantes.
Son millones de balboas los que están en juego y nadie da explicación por un dinero que le pertenece a todos los panameños, destacó el presidente de la Asociación de Profesores de la República de Panamá, Andrés Rodríguez, quien denunció que cuando los docentes piden explicación son perseguidos por los directores.
También cargó parte de la responsabilidad del mal manejo de estos dineros al ministerio, porque no se puede mandar de vacaciones a una directora como ha ocurrido en el Remón Cantera, cuando lo correcto era separarla del cargo para ser investigada. La directora en propiedad del Remón Cantera, es la profesora Miriam Moscoso, pero a ella no se le ha abierto un proceso, reclamó Rodríguez.
Igualmente debe rendir una explicación a la Contraloría General para que se explique cómo se aprueban las adquisiciones que se hacen con dichos fondos que provienen del descuento que se hace a todos los asalariados del país.
Mencionó que el Colegio Abel Bravo de Colón recibe cerca de B/.200,000.00 anuales, sin embargo, sus condiciones son precarias; en tanto citó que en el Colegio Richard Neumann se comprobó que hubo malos manejos de los fondos del Seguro Educativo y todavía sigue allí el director, "dispuesto a seguir manejando la institución".
Rodríguez no comparte la decisión de la ministra de rotar a los contadores de las escuelas, porque eso no resuelve el problema, ya que si ese auditor se prestó para actuar de cómplice con un director, está dispuesto a hacerlo en otro colegio. Rodríguez adelantó que la APRP realizará una reunión de Junta Directiva el próximo 12 de abril y allí se propondrán algunas sanciones contra los directores que hagan mal uso de los fondos.
Además de las denuncias apuntadas, Rodríguez señaló que también se han recibido en la organización denuncias de malos manejos en la Escuela Normal Juan Demóstenes Arosemena.
En tanto, la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Angélica Maytín Justiniani, precisó que se deben establecer mecanismos para que los directores de colegios rindan un informe cada cierto tiempo, no sólo a las autoridades educativas, sino también a los padres de familia y estudiantes.
Lamentó que en un país con tantas necesidades ocurra este tipo de acciones que se podrían evitar siempre y cuando se tomen acciones, no sólo penales, sino también de control y prevención. Una de las alternativas que propuso fue que se obligue a los directores a abrir páginas en la internet informando sobre el uso de los dineros del Seguro Educativo para que todos los ciudadanos puedan tener acceso para conocer si hay despilfarro o malos manejos.
No debe haber excepción en el trato que se debe dar a un director de un plantel que incurra en irregularidades o cualquier otro ciudadano o funcionario, estimó Maytín Justiniani. "No basta con trasladar o mandar de vacaciones a los sospechosos, sino que se debe investigar y llegar hasta las últimas consecuencias, sin importar de quién se trate", agregó.
