La información fue proporcionada ayer en exclusiva por la presidenta Mireya Moscoso a El Panamá América.
Moscoso reveló que firmó con el canciller Harmodio Arias el documento en el que el Estado acepta la culpabilidad de los delitos de lesa humanidad ocurridos en 21 años de dictadura.
Esta decisión abre el compás para que el Gobierno Nacional entre en una negociación con los familiares de los desaparecidos y asesinados, sobre una reparación económica, como lo estipula el artículo No. 41 del Reglamento Interno de la CIDH, a través de una solución amistosa.
Aunque no se ha establecido el monto de la reparación económica, los familiares de los desaparecidos y representantes del próximo gobierno tendrán que comparecer a una audiencia en la CIDH para negociar la suma que podría ser de varios millones de dólares.
Al respecto, el presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza, informó que con la decisión adoptada por Moscoso se abre una alternativa a que se produzca una negociación.
"Me llena de satisfacción, ya que se corona el esfuerzo de tres años de trabajo y lucha de la Comisión de la Verdad y los familiares de los desaparecidos", indicó.
Aclaró que la solicitud de una indemnización para más de 400 familiares directos de los desaparecidos y asesinados por la dictadura, está amparada en el derecho internacional como una forma de hacer justicia a las víctimas.
Reconoció además que Moscoso ha sido la única mandataria que post-dictadura ha enfrentado el tema y reconocido las violaciones de los derechos humanos.
La Comisión de la Verdad presentó ante la CIDH de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 23 de octubre de 2003, los 110 casos de desaparecidos y asesinados y solicitó la reparación económica.
La Comisión de la verdad fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 2 del 10 de enero de 2001
La confirman siete comisionados y un representante de la iglesia católica.
EU accedió en el 2002 desclasificar información sobre la dictadura militar
La Procuradoría allanó dos veces la Comisión en busca de pruebas por una denuncia de uso indebido de fondos y plantación de huesos.
