"El Estado debe establecer una política de subsidios sociales por unos 5 millones de balboas en los aumentos de la tarifa eléctrica a través de las recaudaciones que emite el Ente Regulador de los Servicios Públicos, que suman unos 26 millones de balboas al año", señaló la legisladora Olivia de Pomares.
Las declaraciones de la parlamentaria se dieron durante la citación al pleno de los miembros del Ente Regulador, José Guanti, Nilson Espino y Manuel José Moscote, para que explicaran el alza de la tarifa eléctrica en algunas regiones del país a partir del primero de enero del 2000.
Según Pomares, el capítulo 2 de la Ley 6 de 1997 señala los ministerios que representan la parte porcentual (49%), de los activos del Estado en las empresas privatizadas, los cuales pueden establecer según la ley los subsidios necesarios para las familias de escasos recursos.
La legisladora manifestó además que el Estado debe enfrentar con determinación esta problemática y soluciones de consenso entre las autoridades reguladoras, la empresa privada y el gobierno nacional, a fin de detener la ola inflacionaria.
