El pleno de la Asamblea Nacional aprobó ayer en segundo debate tres proyectos de ley con los cuales se legalizan los acuerdos pactados entre el Estado y las empresas Panamá Ports Company (PPC), Manzanillo International Terminal (MIT) y Colon Container Terminal (CCI).
Con los acuerdos según el ministro de Comercio encargado, Manuel José Paredes, se busca legalizar lo acordado con Panamá Ports Company, puesto que desde un inicio se mantuvo el criterio de ilegalidad en la resolución de equiparación.
Con los acuerdos pactados el Estado panameño recibirá ingresos de unos B/. 1, 500 millones. De este dinero ya hay B/. 126 millones de manera inmediata y hay un compromiso de inversión por B/. 1, 400 millones con lo cual se espera triplicar la capacidad portuaria instalada en Panamá.
Según lo pactado el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comercio y la AMP, convinieron con la concesionaria Manzanillo International Terminal-Panamá S.A. (MIT) el otorgamiento de terrenos adyacentes a Coco Solo, que incluyen 17 hectáreas de terreno y más de 17, 000 metros cuadrados.
Seguido a este sector esta Santa Ana con 186 inmuebles en malas condiciones, San Felipe con 88, Calidonia con 91, Río Abajo con 51, seguidas por otras en la ciudad capital.
Estas cifras representan unas 5, 928 familias afectadas por las casas condenadas, sin mencionar las 164 casas condenadas existentes en la provincia de Colón, acoto.
Existen estrategias tendientes a solucionar esta situación, primero la demolición del inmueble y luego la remodelación del mismos.
Esto se hace a través de una resolución de la dirección general de arrendamiento, sin embargo los dueños del inmueble no hacen las demoliciones, lo que que obliga a la institución a hacerlo.
La institución esta buscando proyectos de viviendas donde se puedan trasladar a las personas que viven en estos lugares catalogados como condenados.
Para ello hay que hacer estudios económicos de las familias para determinar la capacidad de adquisición de otra opción de vivienda.
