“Se les dijo a los abogados de los panameños que reclamaban que no existe una ley en Estados Unidos que obligue a pagar por daños de reclamos que surjan a raíz de la Operación ‘Causa Justa’, excepto los que eran incidentes no relacionados con actividades de combate de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. La ley estadounidense de reclamos extranjeros no autoriza el pago por daños que resulten de actividades de combate”.
De esta forma el gobierno de Estados Unidos, el 15 de mayo de 2009, respondió una solicitud que hizo el ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá en enero de 2009, en la que pidió información sobre la condición legal de las víctimas de la intervención militar estadounidense del 20 de diciembre de 1989, según un cable diplomático del país del Norte que fue entregado a Panamá Américapor WikiLeaks.
“La embajada entiende que los reclamos fueron presentados ante el Servicio de Reclamos de la Armada de Estados Unidos por un número de ciudadanos panameños, luego de las acciones militares”, detalló el cable.
El documento añadió que “la Embajada entiende, además, que dichos reclamos fueron evaluados caso por caso y pagados, en aquellos casos en los que se determinó que fueron un incidente no relacionado con actividades de combate de la Armada de Estados Unidos, pero aquellos reclamos por daños resultantes únicamente a razón de actividades de combate no fueron pagados”. El pago, según el cable, se hizo entre 1990 y 1993.
La solicitud de la Cancillería panameña buscaba respuestas para la abogada Cinthya Patiño Martínez, representante legal de las víctimas de la invasión, quien quería conocer la "condición legal" en Estados Unidos del pago a esas personas, es decir, si había procesos legales, sean administrativos o judiciales, relacionados con las víctimas de esos eventos en la jurisdicción de Estados Unidos y la situación de cada uno de ellos.
La declaración, proveniente del Departamento de Estado, fue remitida a la ex embajadora de Estados Unidos en Panamá, Barbara Stephenson, como un cable diplomático “guía” para que respondiera a la nota enviada por el Ministerio de Relaciones Exteriores panameño.
“Si el abogado de la parte, en cuyo nombre el ministerio hace la consulta, representa a personas específicas que desean conocer la situación de cualquier reclamo que haya sido presentado con anterioridad, se le sugiere que contacte al Servicio de Reclamos de la Armada de Estados Unidos con la información específica relacionada con el reclamo", informó el cable.
El Gobierno de Estados Unidos recordó –en el cable– que el Congreso le asignó 420 millones de dólares en fondos de apoyo económico para Panamá en mayo de 1990 y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) entregó fondos para la recuperación económica, reactivación del sector privado y proyectos de desarrollo.
“Por favor, observe que los proyectos de desarrollo incluían un proyecto para sufragar el reemplazo de viviendas y subsidios para los hogares en el distrito [sic] de El Chorrillo de la ciudad de Panamá y otras áreas donde las viviendas sufrieron daños a raíz de la Operación ‘Causa Justa’ e incluyó un proyecto para apoyar la reconstrucción de los apartamentos en 24 de Diciembre que sufrieron daños”, detalló.
