Estoy facultado por la ley para auditar a la PTJ, Sossa

El procurador general de la Nación, José Antonio Sossa, aseguró ayer que su despacho está facultado para auditar la labor desarrollada por la Policía Técnica Judicial (PTJ) y que no notificó la acción de su despacho a ningún funcionario de esa institución.
"No hay nada malo en la auditoría que se ordenó dentro de la PTJ y estamos facultados por la ley para desarrollar trabajos de fiscalización y control de la institución. También es necesario mantener una supervisión de sus actividades", enfatizó.
El jefe del Ministerio Público reveló que el áudito se ha orientado hacia los gastos realizados durante el último año por la PTJ, y el trámite de expedientes para conocer el desarrollo y manejo de las diferentes investigaciones adelantadas por esa institución.
"Se hace necesario conocer el estado de estas investigaciones y su avance para determinar la efectividad de los funcionarios que desarrollan estas pesquisas", planteó.
Por otro lado, consideró que en reiterados fallos de la Corte Suprema de Justicia se ha establecido que la PTJ es una dependencia del Ministerio Público y está bajo su dirección, vigilancias y control, hecho que jurídicamente se fundamenta en los artículos 216 de la Constitución Nacional y 330 del Código Penal.
En tanto el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona, dijo que espera que cualquier diferencia surgida entre la PTJ y el Ministerio Público sea zanjada de acuerdo con las normas legales vigentes y en buenos términos.
Arjona consideró que el Ministerio Público debe cumplir con su función de supervisar la labor de la PTJ y que en este sentido no debe haber mayores diferencias por estas disposiciones legales.
Por su parte, el director de la PTJ, Rodolfo Aguilera, precisó que la auditoría es la mejor manera de establecer si el trabajo realizado por esa institución ha sido eficiente o no, y que es una situación muy regular.
Aguilera explicó que se reintegrará a su puesto el próximo lunes, tras una cortas vacaciones y estimó que su corta gestión ha sido exitosa, pero que es necesario realizar una fiscalización como lo establece la ley.
Ayer los seis auditores designados por el Ministerio Público y la fiscal Primera Superior, Maritza Royo, continuaron el análisis de los expedientes y gastos manejados por la PTJ, sin que se registrara ningún tipo de incidente.