El embajador de Estados Unidos en Panamá, Simón Ferro, reconoció ayer que su país no supo vender el acuerdo de "fuerzas visitantes" y reiteró que insistirán en lograr un status especial para los funcionarios norteamericanos que viajen a Panamá.
"Si Panamá desea un alto nivel de inter-actuación entre Estados Unidos y Panamá y desea capacitación, entrenamiento o un nivel de cooperación, el status es un tema que debe ser solucionado", recalcó Ferro.
Indicó que se puso mal el nombre de "fuerzas visitantes", porque el tema es de capacitación de grupos pequeños y técnicos y no de grandes cantidades de funcionarios.
"Panamá debe determinar qué tipo de cooperación quiere con Estados Unidos, pero todo funcionario nuestro debe contar con un status especial en el país donde va", apuntó el diplomático.
De acuerdo con Ferro, Estados Unidos mantiene su interés en que vengan técnicos a brindar entrenamiento y capacitación, siempre y cuando Panamá así lo solicite.
Desde el pasado mes de mayo, Estados Unidos solicitó al Gobierno panameño la firma de un acuerdo para "fuerzas visitantes" que le concedería la prerrogativa de usar o no el uniforme militar cuando realicen sus tareas en territorio nacional y un nivel diplomático.
Ferro explicó que se trataba de una base legal para amparar las actividades de cooperación entre su país y Panamá, y calificó de "exageradas y extremistas" las críticas que ha recibido de algunos sectores.
Según el acuerdo, los funcionarios norteamericanos podrían entrar a Panamá con sólo la identificación que le da Estados Unidos, se les exime de los procedimientos de aduana y migración, no pagan impuestos, les otorga la potestad de usar el uniforme militar mientras llevan sus tareas oficiales o cuando están en camino a éstas.
Tampoco cuando se encuentren en el país necesitarían permiso para portar arma, salvo la orden de sus superiores.
Subrayó que la necesidad de este acuerdo es poder brindarle ayuda a Panamá en materia de seguridad y un marco de protección jurídica a los marinos norteamericanos que deseen desembarcar en esta nación.
El acuerdo fue rechazado por los constitucionalistas Oydén Ortega, Miguel Antonio Bernal y Julio Berrios, quienes manifestaron que el mismo propiciaría nuevamente la violación de la soberanía panameña.
Sostuvieron que el acuerdo es violatorio, porque ninguno de los miembros estadounidenses que viaje amparado bajo este documento podría ser sancionado por leyes panameñas, aunque cometan un crimen.
Consideraron que bajo estos acuerdos se le da exceso de inmunidad a los funcionarios norteamericanos y de violar alguna norma en el país no podrían ser procesados.
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