Guatemala no recibió colaboración cuando buscó evidencias en Panamá para enjuiciar al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo, acusado de delitos de corrupción, de acuerdo con declaraciones que publica hoy la prensa local de la ex fiscal Karen Fisher que investigó el escándalo.
Fisher, quien fue entrevistada en Guatemala por el diario El Panamá América, señaló que en el año 2003 vino a Panamá a buscar más evidencias para procesar a Portillo, pero las autoridades panameñas se rehusaron a colaborar.
Según Fisher, "no hubo colaboración ni de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), ni de la Fiscalía Anticorrupción", y que "es obvio que había una estrecha amistad entre los ex presidentes Alfonso Portillo y Mireya Moscoso, quien no agilizó los trámites".
Fisher no vaciló en aclarar que Portillo no está en la cárcel, entre otros motivos, gracias a la ex presidenta Mireya Moscoso, a quien acusó de no colaborar con las investigaciones por el evidente contubernio que existía entre ambos, según el Panamá América.
Recordó que durante su diligencia la entonces fiscal panameña anticorrupción Cecilia López la llevó a visitar el Canal de Panamá, lo cual, afirmó, "me pareció ridículo porque yo venía a buscar más pruebas y ella me insistió en que tenía que conocer esa obra".
Además, la ex fiscal guatemalteca se refirió al "trauma" que le causó enterarse de que en sus visitas a Panamá, Portillo frecuentaba junto a Mireya Moscoso un conocido restaurante italiano "donde degustaban los mejores vinos".
"Me ocasionó un trauma saber cómo funcionarios de Guatemala se habían apropiado ilícitamente de bienes públicos y compraban botellas de vinos de hasta 250 dólares", expresó Fisher.
Portillo, quien gobernó Guatemala entre 2000 y 2004, es acusado por la Fiscalía guatemalteca de los delitos de peculado, abuso de autoridad y sustracción de unos 15,5 millones de dólares, durante su gobierno.
Tras ser deportado el 7 de octubre pasado por las autoridades de México, donde permaneció durante los últimos cuatro años, Portillo fue favorecido por una libertad condicional a cambio del pago de una fianza de un millón de quetzales (unos 130.00 dólares).
Según la resolución judicial, Portillo no podrá salir de Guatemala mientras la Fiscalía no concluya la investigación en su contra, cuyo periodo se llevará al menos seis meses, y tendrá que presentarse al tribunal todos los meses a firmar un libro como constancia de su cumplimiento al fallo del juez.
En marzo de 2002 las acusaciones de la prensa por corrupción le apuntaron a él, a su vicepresidente, Juan Francisco Reyes, y sus círculos más próximos, por unas transferencia millonarias de dinero público hacia cuentas en el extranjero, un caso conocido como "Conexión Panamá".
Un año después, en junio de 2003 se conoció un desfalco al Seguro Social por un monto de 52 millones de dólares, el cual fue calificado como el escándalo más terrible y criminal durante su mandato.
En julio de 2003 una comisión especial de la Fiscalía desistió en las investigaciones apuntadas por la prensa sobre supuestas cuentas bancarias en Panamá.
Tras dejar la presidencia, el 23 de enero de 2004 tomó posesión de un escaño en el Parlamento Centroamericano, con el cual recuperó su inmunidad judicial.
Dos semanas después, acorralado por las múltiples denuncias de corrupción durante su mandato, huyó a México, en donde permaneció durante los últimos cuatro años.
