El exgerente del privatizado INTEL S.A., Juan Ramón Porras, concurrió ayer a la Fiscalía Séptima para ampliar su denuncia por calumnia e injuria contra la organización Transparencia Internacional y su representante en Panamá, el empresario Roberto Eisenmann.
"La afirmación de que fui juez y parte y de que yo quise beneficiarme con una indemnización (que superó los B/.250 mil) al ser negociador, es falsa, porque no fui negociador y estoy aportando las pruebas", dijo Porras.
Añadió que incluso estuvo en contra de recibir esta indemnización, al extremo que hubo que nombrar a ministros de Estado para que negociaran esa cláusula, porque se habían estancado las negociaciones.
Porras acusó a Eisenmann de desacato, debido a que no ha comparecido a dos citaciones efectuadas por la Fiscalía Séptima.
La denuncia de Porras se sustenta en sendos comunicados publicados en los medios de comunicación social por Transparencia Internacional que aseguran que Porras fue juez y parte en la negociación de la indemnización, con lo que salió beneficiado en el monto que se le asignó.
En tanto, el abogado de Transparencia Internacional, Alejandro Watson, afirmó que no existe delito en las afirmaciones de este organismo, porque se tratan de opiniones y críticas contra un funcionario en ejercicio y en derecho penal esta conducta no se traduce en un ilícito.
Watson dijo que Porras piensa que todavía Panamá vive en la era norieguista cuando emitir críticas contra los funcionarios era un delito. Añadió que en 1988 se reformó el Código Penal y se estableció que esta conducta no constituye delito.
El abogado manifestó que Porras no tiene que comparecer ante la Fiscalía Séptima, porque no se cumplieron con los requisitos legales requeridos para lograr esta diligencia y debido a que Porras no ha formulado cargos contra Eisenmann.
