Ex presidentes latinoamericanos apoyan a Pérez Balladares

Washington-Ocho ex presidentes latinoamericanos emitieron una declaración en la que apoyan al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares en su lucha porque Estados Unidos le devuelva su visa de entrada a ese país, lo que fue aprovechado por los abogados del ex gobernante para anunciar que seguirán en su lucha hasta el final.
Los signatarios de la declaración representan un amplio espectro político. Ellos son: Miguel de la Madrid, de México; Leonel Fernandez, de República Dominicana; Rafael Caldera, de Venezuela; Carlos Roberto Reina, de Honduras; Carlos Lemus, de El Salvador; Rodrigo Borja, de Ecuador, y Ernesto Samper de Colombia y Gonzalo Sánchez de Lozada, de Bolivia.
B. Craig, el célebre ex asesor legal del presidente Bill Clinton que lidera la defensa del ex mandatario panameño en Washington, aprovechó esta declaración para enfatizar el aspecto de política internacional de la polémica de su cliente.
La declaración, cuyo texto fue obtenido por El Panamá América, dice en parte: "consideramos que el procedimiento de descalificar a los mandatarios constitucionales elegidos popularmente, mediante el sistema de retirarles la visa de manera pública y ostentosa está convirtiéndose en un nuevo mecanismo de descertificación unilateral, que desconoce la soberanía de nuestros tribunales y de nuestras autoridades para calificar la conducta de sus ciudadanos".
Esta es una referencia a las medidas que el Departamento de Estado adoptó en años anteriores contra los ex presidentes Jaime Paz Zamora, de Bolivia, y Ernesto Samper, de Colombia, invocando supuestas connecciones con el narcotráfico. Ambos mandatarios, democráticamente electos, representaron una corriente socialdemócrata de izquierda moderada.
En opinión de Craig, así como la de diplomáticos latinoamericanos y críticos nacionales, estas acciones obedecen a la creciente ingerencia de "la obsesión con la lucha antidrogas" en la política exterior de Estados Unidos.
"No hay duda de que cada vez más los criterios del zar antidrogas y de los sectores vociferantes del Congreso que insisten que el origen de la drogadicción de este país es culpa de Bolivia y Colombia están influyendo poderosamente en la política del Departamento de Estado," comento un alto funcionario latinoamericano que pidió que no se usara su nombre.
En días recientes portavoces del Departamento de Estado manifestaron categóricamente que el caso de la revocación de la visa de Pérez Balladares "está cerrado".
Sin embargo, el abogado de Pérez Balladares, B. Graig, expreso el fin de semana que "no nos damos por vencidos". "Estamos considerando todas las opciones", añadió.
Para Craig, el problema es más bien jurídico.
"Los procedimientos que utiliza el Departamento de Estado para decidir sobre la revocatoria de una visa, jamás sería aceptada en el proceso legal de las cortes de Estados Unidos gracias a la protección del derecho de ser enfrentado a los cargos," declaró el connotado abogado, que en 1995 ocupó el crítico cargo de director de planificación e investigación del Departamento de Estado.
Craig, quien normalmente ha sido muy reservado en su trato con los medios informativos, acceptó ser entrevistado antes de realizar un viaje de descanso con su familia a Panama. Aunque no tocó el tema, se estima que también se reunirá con el abogado de Pérez Balladares en la capital panameña, Eloy Alfaro, y con el propio ex mandatario.
Desde que el Departamento de Estado revocó el visado de Pérez Balladares alegando que éste estuvo involucrado en un supuesto tráfico de inmigrantes ilegales chinos, el gobierno ha rechazado varias apelaciones del bufete de Williams & Connolly que representa al ex-jefe de Estado en Washington.
La comunicación más reciente, firmada por el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Peter F. Romero, sostiene que no puede añadir nada al caso "porque la información más allá de lo que ustedes mencionan en sus recientes cartas" y que el cónsul en Panamá utilizó para revocar el visado "no puede ser revelada porque es confidencial".
Por su parte, Mary A. Ryan, la secretaria adjunta para Asuntos Consulares del departamento, en una respuesta a Craig fechada el 23 de febrero, sugirió que los abogados dirigan futuras comunicaciones al cónsul general de Estados Unidos en Panamá, Robert Blohm.
Ryan se refería a una detallada carta que Craig envió a la embajadora Moira Harty, secretaria adjunta para Asuntos Consulares, en la que solicita una reunión con los más altos funcionarios del departamento para insistir en su argumento de que los cargos que el Departamento de Estado atribuye a Pérez Balladares, "están basados en desinformación y rumores" y representa un acto de "grave injusticia" contra el ex presidente.