Excluyen a 75 ex trabajadores del pago de indemnización

La Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP) denunció que el gobierno nacional excluyó a 75 trabajadores despedidos con la Ley 25 de 1990 del pago que se hará mañana a los afectados, a lo que el viceministro de Finanzas, Eduardo Quirós, recordó que el fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos establecía que sólo se pagará indemnización a los extrabajadores que estaban amparados con leyes especiales.
Manrique Mejía, vocero de los trabajadores despedidos con la Ley 25, señaló que los trabajadores excluidos formaron parte de los 270 exfuncionarios que presentaron la demanda contra el Estado panameño ante la CIDH y ahora no recibirán el dinero al que tienen derecho.
Según Mejía, las autoridades están cometiendo una arbitrariedad en la interpretación del fallo de la CIDH, que estableció claramente que el Estado violó los derechos humanos de los exfuncionarios.
Mejía rechazó el argumento del viceministro Quirós en el sentido que no se puede pagar indemnizaciones a aquéllos que no formaron parte de institu- ciones como el INTEL, el IRHE u otras que tenían leyes especiales.
De acuerdo con la programación de pago, el Estado otorgará mañana B/. 7 millones a 195 afectados con la Ley 25 de 1990, dejando por fuera a 75 "compañeros".
Por su parte, el viceministro de Finanzas reiteró que el gobierno de Panamá es respetuoso de las leyes y fallos de los organismos internacionales como la CIDH y el mismo establece que "claramente que el que tenga ley especial se le aplica indemnización, el que no tenga ley especial se le aplica reintegro".
Quirós recordó que el Consejo de Gabinete creó una comisión especial para establecer el monto de las indemnizaciones y el proceso de reintegro, sin embargo, muchas de las instituciones en los que laboraban los destituidos ya no existen como el IRHE, el INTEL, la Autoridad Portuaria y Casinos Nacionales.
En estos casos, señaló, la comisión creada por el Consejo de Gabinete se encuentra analizando la forma de reintegrar estos trabajadores al engranaje gubernamental.
Explicó que los cálculos para definir los montos de la indemnización se hizo en apego a la ley que amparaba a los trabajadores al momento de ser despedidos y fueron auditados por la Contraloría General de la República.