En aras de proteger a quienes utilizan diariamente el servicio de transporte colectivo y selectivo de pasajeros, los concesionarios de estas agrupaciones deben ser grupos sociales idóneos que garanticen a través de sus unidades vehiculares la protección de la vida y seguridad de la población nacional, así lo expresó ayer la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica.
En una carta dirigida al director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y que lleva la firma de su presidente Ramón Arias y la directora Maribel Jaén explican que la Ley N° 14 de 26 de mayo de 1993 autoriza a esa entidad a proponer al Órgano Ejecutivo la política general del transporte terrestre en el territorio nacional.
Justicia y Paz hace un llamado a la Junta Directiva de la ATTT y Transporte Terrestre para que cumpla con la ley elabore y someta al Órgano Ejecutivo para su aprobación, mediante decreto, los reglamentos para la inspección del transporte público de pasajeros, de carga y particular.
