Ningún país puede frenar el desarrollo en materia de telecomunicaciones, pero sí deben haber normativas en la telefonía móvil para proteger la salud de la población, por los posibles riesgos de las radiaciones electromagnéticas, afirmó hoy un experto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El argentino Juan Skvarca, miembro del Panel de Expertos de la OMS, se refirió al asunto en una conferencia organizada por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) de Panamá, país donde proliferan las quejas sobre la instalación de torres de antenas celulares cerca de zonas urbanas.
Skvarca indicó que todo progreso en telecomunicaciones implica la introducción de modernas tecnologías que tienen que ser supervisadas y controladas por el Estado, por lo que "el resto del mundo muchas veces entiende de que este sistema hay que ordenarlo".
Recalcó que "todo avance en tecnología tiene que estar sujeto a cierta normativa que, como base principal, debe proteger o acortar el riesgo, cuando exista, a la salud".
Empero, sostuvo que "si de alguna manera a alguien se le ocurre o se le ocurriese prohibir el uso de radiofrecuencias, un país tendría que volver decenas de siglos atrás" en su nivel de desarrollo.
También aclaró que hasta el momento no hay evidencia científica de que las antenas celulares y sus radiaciones electromagnéticas causen algún tipo de cáncer o daños a la salud humana.
"Todavía no hay una relación comprobada entre estas radiaciones y el cáncer, siempre y cuando se trabaje en exposiciones que están por debajo de los limites aceptables", añadió.
Explicó que mundialmente se han hecho 1.490 estudios científicos exigidos "y en ninguno se ha demostrado que causen daño a la salud humana al estar expuestos a las ondas electromagnéticas por encima del valor permitido, que es de 40 v/m (voltios por metro cuadrado)".
Jorge Skvarca, experto en radiaciones no ionizantes y telefonía celular, dijo que es más fácil que alguien sufra un golpe por la caída de una de estas torres que enfrente riesgos por las ondas electromagnéticas.
Sobre Panamá, Skvarca afirmó que la situación no es distinta a la del resto de países de América Latina y tiene cierta ventaja y goza del privilegio de que en poco tiempo ha elaborado una normativa, que fue aprobada en noviembre de 2007 por el Ministerio de Salud (Minsa) y que es parecida a la de Colombia, Argentina y EE.UU.
La regulación establece parámetros de instalación de las antenas, cumpliendo con la Ley nacional y lo recomendado por la OMS/OPS, la comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP).
Sin embargo, grupos ecologistas panameños y organizaciones civiles han criticado la falta de divulgación de esta resolución del Minsa para corroborar su eficaz aplicación.
La ASEP publicó un informe de medición los niveles de las emisiones electromagnéticas de las antenas conocidas que ratificó que los valores medidos están por debajo y dentro de los límites de referencia establecidos por la ICNIRP, que son de 40,53 V/m para la banda Celular y 28 V/m para las bandas de FM y TV VHF, indicó la entidad en un comunicado.
Durante la conferencia "Antenas celulares y sus efectos en la sociedad", Skvarca señaló sobre la proliferación de torres de antenas en Panamá, donde existen aproximadamente unas mil, según dijo a Acan-Efe un portavoz de la ASEP.
El experto calificó como positivo que la ASEP obligue a las cuatro empresas operadoras en Panamá a compartir infraestructuras, debido a que "disminuye en gran medida al impacto visual, que es la preocupación general de la comunidad".
En Panamá operan la telefónica británica "Cable and Wirelees" y la empresa Movistar, subsidiaria de Telefónica Española, y para fin de año se espera inicien operaciones la irlandesa Digicel y "Claro", del magnate mexicano Carlos Slim.
Panamá tiene más de 2,3 millones de clientes en telefonía celular, más del 90 por ciento usa celular pre-pago, y el resto de contrato, según datos de la ASEP.