Datos
- Sanciones
- La actual legislación contempla sanciones para quienes no cumplan la norma. En el artículo 4 de la Ley 59 habla de la suspensión del pago de los emolumentos del funcionario hasta tanto no presente su declaración.
- Informe
- Hasta ayer 14 de julio ningún funcionario del actual gobierno, salvo el alcalde del distrito capital, José Isabel Blandón, había hecho su declaración patrimonial ante la Contraloría General de la República. Blandón dijo que él la hará pública.
Varela complace a sus allegados y donantes
- Otra de las críticas que ha recibido el gobierno varelista es el hecho de que haya nombrado a familiares, allegados y donantes de su campaña política, avalando de esta forma lo que él mismo criticó durante toda la carrera política hacia la presidencia de Panamá.
- Dentro del Gabinete y demás instituciones de este Gobierno destacan figuras vinculadas a los partidos Panameñista y Popular, pero además existen personas vinculadas a sociedades y empresas de la familia Motta, los máximos donantes de la campaña panameñista. Este hecho ha generado varias críticas que Varela no ha contestado.
Ante la negativa de los funcionarios del Gobierno liderizado por el panameñista Juan Carlos Varela de no hacer públicas sus declaraciones de bienes patrimoniales, varios sectores abogan por reformar no solo la Ley 59 del 23 de diciembre de 1999, que regula este tema, sino que ahora hablan de incluir el asunto en la constituyente que prometió en campaña el propio Varela.
Por eso, algunos conocedores en reformas constitucionales consideran que penosamente habrá que llegar a ese punto para obligar a presidentes, vicepresidentes, ministros, directores de instituciones y otros altos cargos a divulgar con qué patrimonio entran al sistema gubernamental.
“Si la Constitución lo mandata, todos la tienen que hacer pública... Por otro lado, esto no es un tema de leyes, sino de ética de cada persona que ocupe un cargo público. Es una cuestión moral”.
En tanto que el exmagistrado Guillermo Márquez Amado dijo ayer en Telemetro que urgen medidas para que se conozca cuál es el patrimonio de estos funcionarios por el tema de la transparencia. “Va a ser indispensable abocarnos lo más pronto posible a esa constituyente. Queremos ver la rendición de cuentas”, expresó Márquez Amado.
Ayer, al igual que varios ministros de este Gobierno, Jorge Arango, de Desarrollo Agropecuario (Mida), sentenció que no hará pública su declaración jurada de bienes, por motivos de seguridad.
Pero esto es un argumento inválido, según comenta Jaime Abad, exdirector de la desaparecida PTJ. “Es una excusa barata, el que va atentar contra otra por cualquier razón, sea para robarle, chantajearlo o para secuestrarlo, no va a buscar una declaración de bien para cometer el delito”.
Por último, Roberto Troncoso, expresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), considera que el sector empresarial sintió entusiasmo cuando Varela declaró que haría pública sus declaraciones, pero hay cierta incertidumbre ahora que sus subalternos se niegan a publicar sus propiedades.
“Hubo un desaliento porque su propio equipo no está dispuesto a hacerlo, eso fue parte de una promesa electoral”, destacó Troncoso.
