La Junta de Control de Juegos deberá suministrar toda la información a la empresa Royal Games International, relativa a la aprobación de la concesión que le fue otorgada para operar en Panamá.
Un fallo del Pleno de la Corte Suprema catalogó la actitud de la entidad como "desleal", señalando que atentó contra el libre acceso a la información.
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