Datos
- Hecho
- El 26 de noviembre de 2012, los rescatistas de la Cruz Roja Jorge Alemán y Fernando Jhonson fallecieron al derrumbarse la carretera.
- Labores
- Los rescatistas iban a realizar labores humanitarias a los damnificados de la provincia de Colón, que habían sido afectados por los derrumbes.
- Investigación
- La fiscalía formuló cargos contra dos altos representantes de la empresa constructora. Los imputados solicitaron una fianza de excarcelación de 50 mil dólares cada uno, a quienes se les ha formulado cargos por homicidio culposo y por delitos ambientales.
- Penas
- Por el caso de homicidio culposo, la pena podría ser de 3 años de prisión, mientras que por daños ambientales podrían pagar 8 años de cárcel.
La querellante particular que representa a los familiares del rescatistas de la Cruz Roja Jorge Alemán, uno de los fallecidos tras el derrumbe de la carretera Boyd Roosevelt a la altura de la comunidad de Quebrada Ancha, no está conforme por las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público en este caso.
A juicio de Harley Mitchell Morán, abogado de la familia, en los dos casos que se adelantan en la procuraduría, se le está dando mayor prelación a las investigaciones de delito culposo, cuando en realidad existen elementos probatorios para demostrar que hubo dolo en las acciones de los imputados y que luego trajo como resultado el fallecimiento de Alemán y del otro rescatista Fernando Jhonson.
Una vez se presentaron las denuncias en el Ministerio Público se abrieron dos expedientes que lleva adelante la Fiscalía Cuarta de Colón.
Para Mitchell, en el caso de las investigaciones por el delito ambiental, le hace falta mayor celeridad, a pesar de que existen evidencias que demuestran que a los representantes de la empresa que construyó la carretera de Quebrada Ancha en la Boyd Roosevelt se les sancionó con la paralización de la obra por cinco ocasiones y estos hicieron caso omiso.
A Mitchell le preocupa que en el caso de delito ambiental no se le esté dando la celeridad debida, lo que podría ser usado por la contraparte para poder salir bien librado de estas acusaciones.
De acuerdo con el abogado, en el caso de homicidio doloso, por considerar un caso de negligencia e imprecisión, las penas son mínimas a tres años.
Sin embargo, en los casos de delitos ambientales graves como este, que cobró vidas humanas y se acreditó que hubo dolo con la intención de obtener resultados, la pena es mayor y puede llegar a los 8 años de prisión.
“Instamos a que el proceso ambiental sea acelerado para que se cumpla con el debido proceso y al final se le pueda otorgar un castigo más justo, que nunca va a reparar las pérdidas de vidas humanas, pero se aproxima a lo que el derecho dispone en este tipo de casos”, destacó Mitchell.
Para el jurista, esta empresa no demostró ningún interés en prevenir las consecuencias que arrojó esta obra, que además puso en peligro a toda una comunidad y se afectaron fondos del Estado. Por consiguiente, recomienda Mitchell que, aparte de las denuncias penales, también esta empresa debe recibir una demanda civil por daños y perjuicios ocasionados al Estado por la inversión que se hizo con fondos públicos, que luego se vieron afectados con el derrumbe de la carretera. Por este caso, la fiscalía formuló cargos contra dos personas; el promotor de la compañía, de apellido Huamg, y el arquitecto que realizó la obra.
