El Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá "Héctor Gallego" (COFADEPA), solicitó ayer a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, que continúe las investigaciones para dar con el paradero de los restos de las personas desaparecidas durante los 21 años de dictadura, a fin de darle cristiana sepultura y deslindar responsabilidades.
Los familiares de los desaparecidos pidieron a la actual administración, presentar una ley para que los crímenes contra la vida y los derechos humanos no prescriban.
También plantearon que se declare el 9 de junio el "Día Nacional del Desaparecido de Panamá", fecha en que fue secuestrado el Padre Héctor Gallego en la comunidad de Santa Fe, provincia de Veraguas.
Indicó que esta iniciativa tiene como objetivo realizar una memoria nacional de todos los desaparecidos y como reafirmación del compromiso de nunca jamás permitir detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos ni desapariciones por motivos políticos ni por ninguna otra razón.
Otra de las solicitudes es crear una ley para conformar la Comisión de la Verdad que con carácter objetivo e independiente tenga como tarea investigar los crímenes cometidos durante la dictadura tanto y que permanecen en la impunidad.
Presentar y aprobar además una ley de protección a los testigos e informantes de los crímenes de la dictadura.
Los integrantes de COFADEPA indicaron que es necesario que se busquen los restos de los desaparecidos, utilizando métodos y procedimientos profesionales de antropología forense nacional e internacional para efectuar las excavaciones.
La vigilancia y protección del área del antiguo cuartel de Los Pumas en Tocumen y de todos los lugares en donde se indique la existencia de fosas comunes clandestinas, fue otra de las peticiones de los familiares de los desaparecidos.
La comitiva integrada por Federico Britton, Maritza Maestre, Gloria Castillo, Grisel Bethancourt y Mario Mendizábal fue recibida en el Palacio de Las Garzas por el asesor presidencial, Alvaro Antadillas, quien se comprometió a presentar la solicitud ante la gobernante.
La carta presentada por COFADEPA fue remitida también al arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño; al defensor del pueblo, Italo Antinori; Mirtza Franceschi de Aguilera, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; al procurador de la Nación, José Antonio Sossa; Felipe Cano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa; Laurentino Cortizo, presidente de la Asamblea Legislativa y organismos de derechos humanos.
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