Los familiares de las víctimas y afectados por el consumo de la sustancia tóxica dietilenglicol, cerraron la calle ayer frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir a la magistrada Esmeralda Troitiño que devolviera al Ministerio Público los expedientes que se mantienen sin pronunciamiento alguno por parte de la entidad judicial.
El coordinador del Comité de Familiares, Gabriel Pascual, señaló que "los expedientes tienen más de 8 meses de estar en la Corte Suprema de Justicia, sin ninguna respuesta seria; solo hay un tira y hala de quién revisa y quién lee más rápido".
La magistrada Troitiño les explicó a los manifestantes que el trámite lo está haciendo con toda la fortaleza e integridad que el tema requiere y amerita.
Agregó que los expedientes no pueden ser devueltos al Ministerio Público, porque la entidad no es la que decide esta situación.
