La práctica de nuevas pruebas han sido solicitadas en el caso del incendio del bus 8B-06 de la ruta Corredor Norte, que dejó 18 víctimas el año pasado.
Entre estas se pide la reconstrucción de los hechos, por parte de la Fiscalía Primera de Circuito Penal.
También se pidió la ampliación de las declaraciones de un sinnúmero de técnicos, que tuvieron relación con el mantenimiento del aire acondicionado del autobús siniestrado.
Esta situación mantiene a los abogados de las víctimas en desacuerdo con la postura de la fiscal Zuleika Moore.
El abogado Ricardo Santos, quien representa a María Elena Rojas, hermana de una de las víctimas, informó que el próximo 22 de febrero se reunirán con la procuradora de la nación, Ana Matilde Gómez, para presentar una queja contra la fiscal primera de circuito.
No descartan interponer una querella penal contra el Estado, por la responsabilidad que conlleva garantizar el buen funcionamiento del transporte público.
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