Favoritismo en CSS es una vieja práctica

Las denuncias de que médicos que forman parte de las comisiones técnicas de la Caja de Seguro Social benefician a empresas determinadas en la compra de equipos para la institución, viene desde hace varias décadas, destacó Keith Holder, ex director médico de la CSS durante la década de 1970.
Explicó a El Panamá América que desde que se amplió la cobertura de atención médica, hace ya varias décadas, la competencia de proveedores en esta institución ha motivado agrias denuncias.
El asunto está en que dentro de la institución las empresas envían regalos, pagan seminarios, invitan a viajes u ofrecen cosas para alagar a sus posibles clientes, llámese médicos o comisiones que tienen en sus manos la elaboración de pliegos, la recomendación de una compra de medicamentos o la inclusión de éstos en el cuadro básico. Esa es la forma como se opera y de donde surge todo el problema.
Esto trae como consecuencia que posteriormente la CSS no pueda cumplir con su obligación establecida en la Constitución Nacional: prestarle un servicio al usuario, debido a que las empresas que no se ven beneficiadas empiezan a quejarse e impugnan los actos de licitación, valiéndose de lo que les permiten las leyes 1 y 56.
Holder destacó que incluso cuando él era director médico le tocó vivir esa experiencia, que afrontó negándose a las intenciones de los proveedores.
Según explicó, cuando se trata de compras superiores a los B/. 250 mil se tiene que tener una aprobación de la Junta Directiva. Se nombra una comisión de especialistas que tienen a su cargo la elaboración de las especificaciones del equipo que se quiere comprar y las casas comerciales dicen que ellos tienen esas características.
En tanto, se puede dar el hecho de que las empresas "enamoren a las comisiones" con viajes para que se familiaricen con los equipos que tienen, obsequios o los manden a seminarios, con los que pudiera estarse influyendo en la decisión final que éstos tomen.
En esto también concuerda Carlos Abadía, ex viceministro de Salud y participante en la mesa del diálogo por el Seguro Social. Según indicó, el problema actual es otra demostración de que el sistema de compras de la CSS carece de transparencia.
"En esto no sólo está involucrado la ineficiencia administrativa, sino el egoísmo y la ambición de algunas de las empresas que le venden a la institución", dijo.
Para Abadía una forma de controlar que las comisiones no caigan en la manipulación de los proveedores es que se reforme el Reglamento Interno de Compras de la CSS.
En el año 1999, casualmente, tiempo de elecciones como el actual, se da una serie de acusaciones similares a las que se viven hoy en la Caja de Seguro Social (CSS), con la denuncia de que médicos favorecen a ciertas empresas en la compra de medicamentos.
En mayo de 1999, la Junta Directiva del Seguro nombra una comisión de auditores que se encargaría de investigar supuestas anomalías en la licitación de medicamentos. Una denuncia que presenta la empresa RESERMA, S.A. y en la que señala que se favorece a determinadas empresas que mantienen vínculos personales dentro de la CSS.
Las investigaciones en ese entonces giraron en torno a la Dirección de Planificación dirigida por Noemí Alonso, nombrada por la directora general, Marianela Morales.
A Alonso se le investigaba debido al cobro de coimas para agilizar el pago que el Seguro le adeudaba a ciertas empresas. Además, los auditores de la Contraloría General de la República encontraron irregularidades en el proceso de compras de equipos y medicamentos, irregularidades que señalaban directamente a empleados de "mandos medios" dentro de la institución.
Pareciera que desde ese entonces a la fecha nada ha cambiado y la historia se repite con los tomógrafos, aunque todo empezó con la compra del cineangiógrafo.
Desde 1995 se inicia la compra del cineangiógrafo, es decir, viene de dos administraciones pasadas, la de Marianela Morales y posteriormente, la de Juan Jované, quienes a juicio de Carlos Abadía, demostraron negligencia e ineficiencia administrativa y su poco importa por los recursos de la institución.
Cuando Juan Jované llega a la CSS recibe quejas de las empresas y de esta forma interna de operar. El asunto era tomar la decisión de que nadie que tuviese que ver con los proveedores diera nombres de lo que el Seguro fuera a comprar.
Jované no confronta a los médicos. Incluso en las denuncias de compras dolosas en la CSS él tenía en su poder el informe 068-11-00DGA-D.A.F.O. que le entregó el Contralor de la República, Alvin Weeden en donde le mencionaba nombres de funcionarios involucrados.
La decisión que se toma fue crear un ente administrativo que aparentemente no tuviera involucrado en esa mecánica comercial de favorecer a ciertas empresas. Así se echa a un lado la comisión técnica que por siete años venía elaborando las especificaciones.
En julio de 2002, la Junta Directiva integra una nueva comisión, tal como se lo permite la Ley Orgánica de la CSS en su artículo 17, acápite C: "Crear o suprimir las direcciones regionales, agencias, direcciones, departamentos, secciones, comisiones y cargos que fueren necesarios para la buena marcha de la Caja...".
Dicha comisión brindó su informe en octubre del 2002, es aquí donde surge el problema. Los médicos internos de la CSS no podían permitir que una comisión de médicos externos les señalara qué debían comprar.
Se va a licitación utilizando estos parámetros y sólo se presenta RESERMA, S.A.. Debido a ello la Dirección General le ordena a Mauro Zúñiga que nombrara una comisión técnica, en donde participan miembros de la antigua comisión que fuera cuestionada por el Ministerio de Economía y Finanzas, sobre la base del informe que brindó Emergency Care Reserarch Institute (ECRI).
En marzo de este año se va nuevamente a licitación con las especificaciones de la comisión nombrada por Mauro Zúñiga, y en esta oportunidad ninguna empresa presenta documentación. En Algunas de ellas su no-participación se debe a su exigencia de que se les pague con carta de crédito, mientras que RESERMA, S.A. indica que se le excluye. La Junta Directiva decide nuevamente enviar las especificaciones a Emergency Care Research Institute (ECRI) la cual puede estar dando su informe en las próximas semanas.
Pero para el doctor Keith Holder, por no hacerle frente al hecho de que hay quienes son "instrumentos inocentes de los proveedores" es que se dan los señalamiento y acusaciones de parte y parte.
Mauro Zúñiga ataca a la Junta Directiva e incluso exige sean removidos sus miembros. Por otro lado, las acusaciones directas a los médicos de la comisión de Zúñiga de tratar de que la compra no se dé. Pero a estas acusaciones se suma algo aún más grave.
Para Anel García, miembro del Comité Cívico contra la Privatización de la CSS, detrás de todo el problema en la demora de la compra de los equipos hay una agenda oculta y "una mafia blanca en donde participan algunos médicos dedicados a la corrupción y en la búsqueda de beneficios personales".
Según denunció, hay una intención de privatizar la CSS en las denuncias que se realizan contra miembros de la Junta Directiva y la comisión que está nombró.
Identificó específicamente a Félix Luciani Font, ex asesor de Mauro Zúñiga cuando fungía como director de Servicios y Prestaciones Médicas en su intención de seguir extendiendo la compra de los equipos para seguir adquiriendo servicios privados.
Señaló igualmente, a Jorge Sánchez, presidente de la empresa PROMED, S.A. y jefe de publicidad de la campaña del candidato a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Democrático, Martín Torrijos, de estar detrás de este asunto.
Damaris de Lawson dijo que es claro que detrás de todo "hay intereses comerciales y de otros tipos". Destacó que ha visto muchos equipos que se han adquirido, antes de su participación en la comisión, que no cumplen con las características técnicas necesarias para estar en las instituciones de salud del Estado. "Se compraba cualquier cosa, al punto que al mes podían ser vistos en el inventario de Cerro Patacón y a nadie le importaba nada", sentenció.