El Secretario General de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila, solicitó a la presidenta de la República, Mireya Moscoso, vetar la reforma hecha al artículo No. 1 de la Ley 8, aprobada el pasado 30 de diciembre por el pleno de la Asamblea Legislativa, mediante la cual unos 700 educadores podrán jubilarse con la ley especial hasta el 30 de mayo del año que transcurre.
En una nota dirigida a la Presidenta de la República, Avila considera oportuno que también se brinde esta oportunidad a funcionarios de otras instituciones que también se regían por las leyes especiales, que fueron eliminadas mediante la aprobación de la Ley 8 del 6 de febrero de 1997.
Entre las instituciones, cuyos funcionarios también deben beneficiarse con la reforma recién aprobada, destacan la Universidad de Panamá, Correos Nacionales, Banco Nacional de Panamá, Contraloría General de la República, enfermeras y auxiliares de Enfermería.
Avila reiteró que con esta reforma sólo se está beneficiando a 700 educadores y se deja por fuera a un conjunto de trabajadores que no sobrepasan los 600. "Se está creando un sistema de fueros y privilegios, nefasto para el país", destacó el dirigente.
La solicitud de Avila también incluye que la reforma recién aprobada sea devuelta a la Asamblea Legislativa y que en sesiones extraordinarias se incluya en el artículo N". 1, a todos aquellos funcionarios con leyes especiales que reúnan las condiciones exigidas a los docentes.
Una fuente consultada al respecto señaló que los funcionarios afectados, de no recibir una respuesta a sus inquietudes, podrían demandar por inconstitucional esta reforma, porque constituye un precedente negativo que beneficia a unos en perjuicio de otros.
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