El fideicomiso del Programa para la Solidaridad Alimentaria, ejecutado por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), tendrá de ahora en adelante control previo en todos sus procesos de contratación, de parte de la Contraloría General.
En una resolución de la entidad fiscalizadora de los recursos públicos se explica que este fideicomiso fue creado mediante resolución de Gabinete, en octubre de 2007, bajo la presidencia de Martín Torrijos Espino, siendo ministro de Desarrollo Agropecuario, Guillermo Salazar.
Agrega que el IMA no necesitaba contar con el refrendo de la Contraloría para la aprobación de las órdenes de compra o contratos que suscribiera con proveedores para el suministro de productos e insumos. Solo las órdenes de desembolso del programa requerían la autorización.
La orden de la Contraloría, promulgada en la Gaceta Oficial de ayer, detalla que las órdenes de compra y los contratos celebrados dentro de este programa con antelación quedarán sujetos a control posterior. “No obstante, las órdenes de desembolso que se generen de esos contratos están sujetas al refrendo de la Contraloría”, explica el artículo segundo de la resolución.
De este fideicomiso fue que en la administración de Edwin Cárdenas se hicieron contrataciones para la compra de arroz y otros insumos que, supuestamente, benefició a un grupo selecto de empresarios.
Esto motivó que la Contraloría ordenara una auditoría a la institución, según anunció Federico Humbert el pasado 26 de marzo.
