El fiscal Gerardo Solís manifestó que se trató de una acción exhibitoria para que al diputado Martínez se le entregaran copias de un acta de la Comisión Política y la resolución respectiva que aprueba la convocatoria a la convención nacional de Solidaridad que tratará el tema de la fusión con el Partido Liberal Nacional.
Detalló que la diligencia se efectuó sin contratiempo y se logró obtener las copias para entregársela a Martínez.
Por su parte, Martínez advirtió que la próxima semana demandará ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Electoral, al presidente de Solidaridad, José Raúl Mulino, como representante legal del partido.
Destacó que los estatutos del partido establecen que la Comisión Política la integran 52 miembros y están sesionando en el mejor de los casos con 25. "Se han aprobado documentos con 18 votos solamente", lo que demuestra que lo actuado por la Comisión Política ha sido "ilegítimo", porque no hubo el quórum correspondiente.
Mientras, el asesor legal de Solidaridad, Hernán García, aseguró que ese colectivo no tiene nada que ocultar, y aclaró que la solicitud de Martínez nunca llegó a su despacho.
Por estos hechos es que la zarina anticorrupción, Alma Montenegro de Fletcher y el contralor, Dani Kuzniecky, pidieron a Giro que hiciera público el informe de gastos. Asimismo, Transparencia Internacional y Alianza Ciudadana, organizaciones dedicadas a combatir la corrupción recomendaron a la Junta hacer público el informe, ya sea a través de la página web que tenían o del Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo.
Los consultados coinciden en que son dineros que salieron en gran medida, de las arcas nacionales para subvencionar estas fiestas. Por lo tanto, los organizadores tienen que rendir cuentas a la ciudadanía porque de lo contrario, estarían violando la ley que no establece como "reservada" esta información.
Aunque el informe señala que se gastaron B/.30 mil en el renglón de fuegos artificiales, no se precisa el nombre de la compañía que le adjudicaron este negocio.
Al igual que este caso, aparecen otros aspectos como el alquiler de carros cisternas, publicidad y propaganda, donde aparecen las cifras pero se desconoce el nombre de los proveedores.
Con relación al tema de los fuegos artificiales, semanas antes del carnaval empresas que se dedican a esta actividad, advirtieron que el negocio de la pirotecnia se lo habían adjudicado a empresarios internacionales.
"Es doloroso ver cómo prefieren lo de afuera, habiendo empresas serias y de calidad aquí en Panamá", señalaba Abdiel Pérez, de fuegos artificiales de Guararé.
Al trasladar esa inquietud a Giro en aquel entonces, respondió: ¿para qué quieres saber eso? "nosotros tenemos permiso para trabajar en privacidad y además, la Contraloría hará público el informe de los gastos en fuegos artificiales y el nombre de la empresa ganadora de la licitación después de carnavales".
Hechos como estos ponen en tela de duda el manejo de los fondos del pasado carnaval.
La Junta de Carnaval 2006 recibió un aporte estatal de un millón 200 mil dólares. Además, la empresa Cable and Wireless donó 100 mil dólares en calidad de patrocinador.
Este medio pregunta: ¿Cuáles son las gestiones que adelantan para cobrar las cuentas que adeudan los patrocinadores y que superan los 12 mil balboas?
¿Qué ha pasado con el crédito extraordinario que pidieron al MICI para recuperar unos 39 mil balboas?
¿Cuántas personas trabajaron en la Junta y cuáles fueron los salarios que recibían?
¿Por qué los comprobantes de cheques no tienen firmas?
