La Fiscalía Electoral iniciará las investigaciones para determinar si funcionarios del Gobierno han utilizado recursos del Estado a su favor, o presionando a sus copartidarios arnulfistas dentro del proceso de elecciones internas de este colectivo. Las averiguaciones surgen luego que el ex presidente Guillermo Endara, quien aspira a la presidencia del Partido Arnulfista por la nómina amarilla, presentara una denuncia por el supuesto uso de recursos del Estado a favor de la nómina morada, que lidera la presidenta Mireya Moscoso, y que funcionarios estaban presionando a otros miembros del colectivo para favorecer a ese grupo.
De acuerdo con el fiscal electoral, Gerardo Solís, desde que el ex presidente Endara se presentó al despacho a ponerle en conocimiento de algunos hechos, "se está a la espera de hacer algunas diligencias y estamos seguros de que la investigación se va a realizar de una manera objetiva e imparcial".
"Vamos a tomar declaraciones a algunas personas y de acuerdo a lo que salga en esas investigaciones también lo remitiremos al Tribunal Electoral. Esas personas serán las que van a confirmar o no el uso de bienes del Estado o si ha existido algún tipo de presión o coacción en el ejercicio del voto", señaló. Precisó que cualquier decisión de la Fiscalía en esta denuncia no frenaría el proceso de elección del colectivo, pues según dijo, la investigación penal no tiene efectos suspensivos. "El responsable de cometer la coacción o presión recibirá su sanción independientemente de que el proceso continúe", indicó.
Manifestó que la Fiscalía Electoral ahora mismo está cotejando información importante en el proceso, y una vez que se tenga el análisis de la información será presentada al Tribunal Electoral para que ellos tomen una decisión. Indicó que a pesar de que la Fiscalía Electoral emite su opinión no vinculante sobre cualquiera de los casos presentados a esa instancia, es el Tribunal quien tiene la obligación de tomar una decisión en torno a si ha cometido o no un delito.
Enfatizó que a los partidos o personas que hayan violado las normas electorales, no le debe quedar la menor duda de que la opinión jurídica de la Fiscalía va ser sanción, independientemente del colectivo al que pertenezca.