La destitución de nueve funcionarios del Ministerio de Vivienda, dos detenidos, empresas investigadas y la declaración jurada del extitular del MIVI, Francisco Sánchez Cárdenas, ordenó la Fiscalía Primera Delegada para esclarecer el faltante del Programa de Ayuda Rápida para Viviendas de Interés Social (PARVIS) que supera los B/.900 mil.
De acuerdo al secretario del MIVI, Arnold Henríquez, la fiscal primera delegada, Guillermina McDonalds, emitió un oficio solicitando la separación de sus puestos de los funcionarios Noriel Belisario Ortega Beem, Cirilo Fuentes, Rhona Read de Herrera, Eduviges Tuñón, Jaime Sánchez, Pacífico Castillero, Jaime Beitía, Kathia Heron y Wilfredo Fuller.
Sostuvo que a raíz de esta solicitud el ministro de Vivienda, Roosevelt Thayer, emitió un decreto ordenando la separación de estos funcionarios para que la Fiscalía efectúe los procesos correspondientes.
Añadió que hasta el momento existen dos funcionarios detenidos, uno de ellos por violar la medida de casa por cárcel ordenada por el Ministerio Público.
Planteó que también hay varias empresas proveedoras de materiales de construcción que son objeto de investigación por su vinculación a las irregularidades del PARVIS.
Indicó que la mayoría de los funcionarios laboraba en el almacén central y dos en la Regional de San Miguelito, donde también se detectaron algunas irregularidades.
Explicó que el exministro Sánchez Cárdenas rindió declaración jurada el pasado viernes ante la Fiscalía Primera Delegada, al igual que el exdirector administrativo Augusto Sánchez.
Otros de los funcionarios que han rendido declaración son los asesores del exministro, Odilio González y Jaime Arosemena, quienes laboraban en la institución durante el tiempo que se registraron las irregularidades.
Puntualizó que aún las investigaciones no han terminado porque la Contraloría deberá culminar el áudito en todo el país, para verificar las cifras de los auditores del MIVI.
Agregó que el Ministerio Público también envió auditores a la institución para verificar los informes que elaborados por el personal de auditoría.
Detalló que la mayoría de los empleados separados por orden de la fiscal McDonalds son de mandos medios o bajos, quienes están vinculados a las irregularidades.
"Esperamos concluir las investigaciones antes del 31 de agosto para despejar todas las dudas sobre este faltante y entregar las cuentas claras al próximo gobierno", acotó Henríquez.
