El fiscal primero superior, Cristóbal Arboleda, solicitó el encausamiento penal de tres de los seis sindicados por el presunto delito de atentar contra la seguridad pública, tras el estallido de varios tanques de gas en 1997, uno de los cuales ocasionó la muerte de la asiática Pon Mei Ken.
Arboleda, quien participó ayer en la audiencia preliminar en el Juzgado Primero Penal de San Miguelito, también pidió el sobreseimiento para el resto de los implicados en el manejo irregular de los tanques de gas de la empresa Panagas contaminados con soda cáustica.
Aseguró que tiene pruebas para llamar a juicio al mayor del Cuerpo de Bomberos, Rodrigo Baruco, y a los directivos de Panagas, Carlos Del Valle y Carlos Guerra.
De acuerdo con las sumarias, Baruco, Del Valle y Guerra tenían conocimiento de la contaminación de los tanques de gas de 25 libras que fueron distribuidos a la ciudadanía local, varios de los cuales explotaron.
También se estableció que algunos miembros de la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos no actuaron con la rapidez necesaria para evitar que los tanques contaminados fueran distribuidos a los comercios locales.
En el proceso también se solicitó el sobreseimiento de Raúl Alvarado, Eduardo A. González y Gregorio Arosemena Lam, a quienes se eximió de su presunta responsabilidad en la distribución del material contaminado.
Producto de la contaminación de los tanques, se registró una explosión en la abarrotería Santa Librada, en San Miguelito, que causó la muerte de Pon Mei Ken, propietaria del local comercial, quien resultó con graves quemaduras en diversas partes del cuerpo.
Tras las explosiones se ordenó la recolección de más de 100 mil tanques de gas de 25 libras que se presumía podían estar contaminados con soda caústica, que aparentemente llegó a los cilindros de manera accidental.
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