El Fórum de Periodistas de Panamá reivindicó hoy el derecho de los periodistas a tener acceso a la información de que disponen las fuentes oficiales por ser "pública y un derecho fundamental" de los informadores.
En el marco de un seminario taller para periodistas, el abogado especialista en buenas prácticas, nuevas tecnologías y acceso a la información del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, Javier Casas, recalcó la necesidad de utilizar "los mecanismos formales de acceso a la información", como las instituciones de cada país.
Según Casas, el poco uso de estas fuentes se debe a la "desconfianza profunda de los periodistas hacia el Estado y a la incredulidad de que la documentación que brindan los funcionarios sea de calidad y aporte un beneficio desde el punto de vista informativo".
El abogado explicó también que la entidad pública o el funcionario que impida el acceso a la información "podría estar cometiendo un delito de abuso de autoridad".
A su juicio, ante esta situación "ilegal" el periodista debe darle una "forma noticiosa" para que la ciudadanía sea "consciente de que el Estado no brinda información y viola los derechos humanos".
La también abogada y directora del rea Acceso a la Información de la Asociación de los Derechos Civiles en Argentina, María Julia Giorgelli, explicó las funciones de la red regional de periodistas "Periodismo por el Acceso a la Información Pública", creada en 2006 con el objetivo de promover el acceso a este tipo de información y fortalecer las reglas sobre la materia.
Giorgelli puso como ejemplo el caso del periodista del Diario Clarín Pablo Abiad que cubría desde el año 2006 el conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de unas plantas de celulosa sobre la costa del río Uruguay frente a la ciudad argentina de Gualeguaychú.
El periodista quiso conocer el monto de los honorarios percibidos por los abogados que representaron a Argentina, pero ante la falta de respuesta tras un pedido formal basado en el derecho de acceso a la información pública, Abiad decidió comunicar a los ciudadanos la imposibilidad de obtener los datos.
Después de esta acción, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, instó a las instituciones públicas a facilitar la información al periodista, que publicó que el Estado argentino había gastado más de 500.000 dólares en el proceso judicial.
En Panamá existe la Ley N 6 de 22 de enero de 2002 que dicta normas para la transparencia en la gestión pública, establece la acción de hábeas data y dicta otras disposiciones sobre la gestión de la información.
Según la ley, "toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o en conocimiento de las instituciones".
A su vez, las instituciones "están obligadas a brindar, a cualquier personal que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido", que están detalladas en la citada ley.
En el mismo seminario se dieron a conocer las bases del XIII Premio Nacional de Periodismo, donde pueden participar periodistas nacionales y extranjeros residentes en Panamá con trabajos publicados en medios nacionales entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.
