Funcionarios destituidos podrán reclamar indemnización

Cerca de dos mil ex funcionarios, destituidos durante este gobierno, buscarán reclamar una indemnización millonaria al Estado, tras ser separados de sus cargos sin que la Dirección de Carrera Administrativa atendiera sus casos, informó el secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (FENASEP), Leandro Avila.
Según explicó Avila, una vez se reactive la Carrera Administrativa se pondrá en funcionamiento las juntas Técnica y de Apelación y Conciliación de Carrera Administrativa, órganos de gobierno, donde hay cerca de dos mil apelaciones de ex funcionarios que fueron despedidos.
Aseguró que estos casos, una vez se reactive la Junta de Apelación y Conciliación, tendrán que ser resueltos por mandato expreso de la ley, a favor de los recurrentes.
Una fuente de la Dirección de Carrera Administrativa informó que en los próximos días se anunciará la instalación tanto de la Junta Técnica como la de Apelación.
Avila detalló que por mandato de la ley, estos trabajadores podrán reclamar esa indemnización, porque la ley dice que una vez transcurridos 90 días sin resolverse el recurso de apelación, se entenderán resueltos a favor del demandante, independientemente que le asista la razón o no.
Aseguró además que la Dirección de Carrera Administrativa durante estos cuatro años ha estado actuando de manera ilegal, porque es la Junta Técnica la que debe hacer las recomendaciones al Ministerio de la Presidencia o a la Dirección de Carrera Administrativa, en cuanto a reformas, modificaciones y otros aspectos técnicos.
Sostuvo que como esta junta ha estado en acefalía, los cambios ejecutados por el director de Carrera Administrativa se han hecho al margen de la ley. "Hemos tenido una institución gastando un presupuesto durante cuatro años, cuyo resultado el trabajador público no lo ve", enfatizó.
El dirigente señaló que por el momento no ve la voluntad del gobierno en volver a ejecutar la ley, lo cual dijo es preocupante, porque se está en los albores de la campaña electoral, donde las necesidades políticas pueden promover el despido de trabajadores de forma injustificada.