El Gobernador de la provincia de Panamá, Eduardo Herrera, aseguró que fueron las autoridades universitarias quienes perdieron el control de las protestas realizadas por los estudiantes del 9 de diciembre de 1998 y reponsabilizó al Rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, de los hechos.
Eduardo Herrera aseguró que la solicitud de llamamiento a juicio realizada por la Fiscal Guillermina McDonald no se fundamenta en la realidad de los hechos suscitados durante los días de protesta protagonizados por los estudiantes de la Universidad de Panamá.
Precisó que ninguno de los que tiraron bombas molotov durante varios días, causaron y dejaron daños a terceros está sentado en el banquillo de los acusados, cuando han cometido hechos delictivos.
Sostuvo que "los estudiantes universitarios se están escudando detrás de la inoperancia de sus autoridades, porque el día después de los incidentes las autoridades universitarias tomaron todas las providencias para que no se cometieran irregularidades".
Destacó que "las autoridades universitarias podían controlar ese movimiento, pero que en un momento dado se les salió de las manos, porque muchos de ellos tomaron parte en la alteración del orden público y que se vio al Rector comandando marchas".
"Los que violentan su propia autonomía son los que conspiran desde adentro con el desorden, porque cuando no se puede controlar una situación no se puede reclamar nada y el Rector no podía controlar a los estudiantes en ese momento", aseguró.
Planteó que "cómo van a reclamar ahora personas que son responsables de lo que ha sucedido y que se han escudado tras una demanda de su responsabilidad y que por ello se pierde la credibilidad en las instituciones".
Descartó que su decisión y la acción tomada tuviesen algún trasfondo político, porque se encuentra desvinculado de cualquier participación política y que dentro de su gestión mantiene relación con miembros de los diversos partidos políticos.
La Fiscal Primera Delegada Guillermina McDonald solicitó el encausamiento penal del gobernador Eduardo Herrera por el presunto delito de extralimitación de funciones, al autorizar la entrada a la Universidad de Panamá de unidades del cuerpo de Control de Multitudes de la Policía Nacional para sofocar protestas escenificadas por un grupo de estudiantes.
