El viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, informó ayer que la entidad considera la compra de más armas para combatir la ola de criminalidad que se vive en el país, frente a la detección de armamento de grueso calibre en manos de los delincuentes.
Al cuestionársele si se comprarían más armas s la Policía para enfrentar la violencia de forma adecuada, indicó que se va hacer todo lo necesario para frenar la criminalidad. "Ese es parte del plan y estamos considerando eso, porque los maleantes tienen mejores armas que las autoridades", enfatizó.
Aseguró que las unidades de policía se enfrentan con pistolas y revólveres a antisociales que tienen ametralladoras y hasta granadas encontradas en actos delictivos.
Agregó que se han incrementado los retenes, reforzando la inteligencia criminal y se ha hecho un paquete muy importante para detener la ola de criminalidad, sin embargo, dijo que este esfuerzo no es sólo de las autoridades, sino de toda la sociedad.
En tanto, el titular de esta cartera, Aníbal Salas, precisó que para combatir la violencia los organismos de seguridad se esfuerzan cada día más y se espera que a corto plazo se pueda detener este mal.
Destacó que para ello esperan que en los primeros días de sesiones de la Asamblea Legislativa se pueda estar presentando un proyecto para incrementar las penas, incluyendo a las de los menores de edad.
Indicó que a pesar de las reacciones en contra, hay que reformar algunas leyes importantes como el agravamiento de algunos delitos específicos, el endurecimiento de las penas impuestas a los adultos que utilizan a los menores para cometer sus fechorías, al igual que el tiempo de investigación que resultan muy cortos en algunos casos.
En este sentido, Pérez señaló que el proyecto para los menores estipula la duplicación de la pena a 10 años de cárcel. "Eso es parte de la represión, porque nosotros no tenemos el tiempo a corto plazo para tratar de rehabilitar a menores de edad, que son unos criminales consuetudinarios y que ni siquiera respetan la vida ni de sus propios familiares".
Expresó que tras la aprobación de las modificaciones a las penas se buscarían los recursos para aplicar las reformas a la Ley 40, que dicta sanciones a los menores infractores.