Gobierno cumple su amenaza contra Epasa

Posterior a las amenazas de altas figuras del Gobierno, el abogado vinculado al panameñismo, Jaime Abad, interpuso ayer una denuncia para que se investigue a 10 sociedades supuestamente relacionadas a la compra del Grupo Epasa a la familia Arias.

Abad citó en su denuncia información divulgada por el diputado panameñista, Jorge Iván Arrocha, contra Epasa, luego de que publicara presuntas irregularidades en actuaciones de allegados a la familia Varela y sobre la Liga Profesional de Baloncesto del expresidente de la Asamblea Nacional, Adolfo "Beby" Valderrama.

El abogado Abad denunció ante la Fiscalía Superior Contra la Delincuencia Organizada a sociedades anónimas que, a su juicio, tuvieron que ver supuestamente con la compra de Epasa. En una conferencia el abogado dijo que obtuvo información bancaria a pesar de estas sociedades a pesar que no es autoridad competente , lo que viola el secreto bancario.

El diputado Arrocha, aupado por sus colegas José Luis Varela y "Beby" Valderrama, solicitó en el pleno de la Asamblea, en varias ocasiones, a la procuradora Kenia Porcell, que investigue cómo fueron adquiridos Panamá América, Crítica y día a día.

Arrocha, Varela y Valderrama prosiguieron con sus amenazas contra Epasa, pese a que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció una visita para evaluar el estado de la libertad de expresión en Panamá y los ataques contra Epasa.

¿Quién es Jaime Abad?

Jaime Abad militó durante años en el Partido Panameñista y ha ocupado puestos importantes durante las diferentes administraciones de este colectivo político en el poder.

En el gobierno de Guillermo Endara fue director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), asesor durante el gobierno de la también panameñista Mireya Moscoso, y durante la actual administración de Juan Carlos Varela, sonó para ocupar la Procuraduría de la Nación.

Abad reconoció públicamente el pasado 9 de octubre de 2014 que él junto a particulares, que se autodenominan como la "sociedad civil", asesoran a fiscales del Ministerio Público, con el consentimiento de la procuradora Porcell, nombrada por el presidente Varela, luego de trabajar para el Consejo de Seguridad.

Según opositores al Gobierno, el Consejo de Seguridad es usado para armar casos ilegales en contra de críticos del mandatario. Coincidentemente, Abad y el diputado Arrocha han mostrado en público información bancaria y personal, que únicamente pudo haber sido obtenida a través de una orden judicial, o que puede ser manejada por el Consejo de Seguridad.

Jaime Abad admitió en octubre de 2014 que junto a otros abogados revisaban expedientes y asesoraban al Ministerio Público en los casos de alto perfil de funcionarios del gobierno pasado.

Abad es un fuerte crítico de Epasa desde que Panamá América publicó en el 2001 una investigación sobre la construcción de una carretera, con fondos públicos, en la comunidad de La Arenosa, en La Chorrera, que prácticamente beneficiaba en un tramo al exministro y exmagistrado de la Corte, Winston Spadafora.

Abad representó a Spadafora, también panameñista, en los procesos penal y civil en contra de Panamá América. En un fallo duramente criticado por la comunidad jurídica, Panamá América fue condenado, no por calumnia (porque no se comprobó falsedad alguna en la publicación), sino por injuria, y se le impuso pagar una indemnización a favor de Spadafora de $20 mil. Abad exigía cerca de $2 millones en este caso.

Otra Venezuela

El expresidente Ricardo Martinelli señaló que ahora "quieren inventar una serie de hechos falsos sobre la forma en que se compraron estos diarios, por lo que se quiere involucrar a personas y empresas que no tienen nada que ver en esto, todo para confundir a la ciudadanía panameña".

Mientras, Abad afirmó que no le está haciendo el mandado a nadie cuando se le preguntó si representaba al Gobierno en esta denuncia. En sus declaraciones comete muchas imprecisiones con fechas y además deja en evidencia en varias ocasiones que desconocía el contenido de su denuncia. También aseguró que gran parte de su denuncia está fundamentada en información preliminar, obtenida de la internet, en los sitios de PanamaCompra y el Registro Público.

Rechazo

Ante la denuncia que interpuso el abogado Jaime Abad, en la cual cuestiona la forma en que se hizo la compra del Grupo Editorial Epasa, la presidenta del Colegio Nacional de Periodistas, Blanca Gómez, señaló que definitivamente ante un proceso como este, ellos como gremio no pueden estar de acuerdo en ningún tipo de acción que implique el cierre de un medio de comunicación social.

"Nosotros en lo que no nos vamos a meter es en la parte jurídica legal porque nosotros no somos ente de investigación, y el medio de comunicación no se puede cerrar de ninguna manera", dijo Gómez. La dirigente agregó que si eso llega a suceder, ellos como gremio serán los primeros en protestar.