Si la presidenta electa, Mireya Moscoso, obtiene la mayoría parlamentaria el 1 de septiembre debe presentarse un proyecto de ley para proceder a la derogación de la Sala Quinta, estimó el legislador Alberto Cigarruista.
Según el parlamentario los fallos de esta recién creada sala no tendrán credibilidad, ya que surge en medio de la oposición del pueblo panameño, que en ningún momento estuvo de acuerdo con ella.
Dijo además que la falta de credibilidad también estará fundamentada en que la Sala Quinta más que estar integrada por magistrados de carrera judicial, lo está por amigos, políticos, ideólogos y allegados al presidente Ernesto Pérez Balladares.
Para Cigarruista esta es una sala que surge "abortada, como abortados van a ser sus fallos", por lo cual en el próximo gobierno se debe producir una ley que acabe con lo que actualmente se ha creado, y que en nada beneficia a los panameños.
Subrayó también que no se puede estar jugando con la justicia nacional, ya que ésta debe ser sagrada y respetada por todos los que viven en el país, dado que éste es un tema muy delicado, y que merece especial atención.
Comentó también que el panorama del próximo gobierno, en el cual el Organo Ejecutivo estará dominado por una alianza y el Legislativo por otra, le dan una importancia aún más transcendental a la Corte Suprema de Justicia, que es donde se resolverían los conflictos que se produzcan entre ambos órganos del Estado.
Sobre la posibilidad que exista una justicia con credibilidad, Cigarruista se mostró pesimista porque la Corte ha sido politizada con la creación de la Sala Quinta, aprobada recientemente.
Cigarruista no pronostica nada bueno para el futuro de la Sala Quinta porque fue aprobada contra la voluntad popular, y en política se dice que "lo que nace mal muere mal".
La norma fue aprobada por 71 de los 72 legisladores que componen el pleno legislativo. La noche del pasado 19 de julio, en una de las votaciones más altas registradas en los últimos cinco años, el pleno refrendó con 39 votos a favor y 32 en contra el proyecto que creaba la Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia.
Esta ley dispone la creación de una nueva sala en la Corte que se encargará de resolver las demandas de Garantías Constitucionales y estará compuesta por tres nuevos magistrados.
