El Gobierno se ha gastado más de B/.100 mil en recuperar los bonos "falsos" emitidos por el Municipio de Colón y en la firma de asesores que fue contratada para efectuar algunos trámites en Estados Unidos, advirtió ayer el contralor de la República, Alvin Weeden.
Explicó que también se incluyen entre los gastos las publicaciones internacionales que ha tenido que realizar el Gobierno para evitar que inversionistas sean engañados con transacciones a través de estos bonos.
El funcionario reconoció que esta emisión de bonos ha causado un gran daño a la imagen internacional del país, porque los inversionistas ahora van a desconfiar de las emisiones panameñas.
"Por suerte el daño se pudo minimizar por la rapidez como actuó el Gobierno panameño y el embajador en Washington, Guillermo Ford", argumentó Weeden.
Agregó que ya se recuperaron las copias de los bonos que tienen la apariencia de original, pero todavía se sigue tras la pista de cualquier otro documento fraudulento.
Sostuvo que esta medida ha causado un enorme daño al país porque fue recogida por una revista financiera internacional de mucho prestigio.
Precisó que sí se trata de una "red internacional de falsificadores" que plagió documentos del Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo con Weeden, los auditores de la Contraloría asignados al Municipio de Colón no detectaron esta emisión de bonos porque fueron firmados por el tesorero y la alcaldesa, Matilde Rosales de Ardines.
El fiscal de las finanzas públicas entregó nuevas evidencias al Ministerio Público sobre el supuesto intento de fraude por B/.300 millones mediante el uso de bonos, entre las que se encuentran informes administrativos de los manejos ejecutados por el Consejo Municipal de Colón y certificaciones hechas por el tesorero municipal.
Weeden también reveló que se entregaron evidencias sobre documentos falsificados para la tramitación con el fin de autorizar la emisión de los bonos y evitar que el proceso se detuviera por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
El funcionario aceptó que toda la operación se trató de una "gran falsedad" y dirigida a producir un efecto de legitimidad que casi se logró, pero ahora los responsables de ejecutar todo esto deberán responder ante la justicia.
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