El ministro de Gobierno, Raúl Montenegro invitó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que visite Panamá, para investigar las denuncias que efectuó ante ese foro el Defensor del Pueblo, Italo Antinori.
Montenegro envió una carta a Antinori exhortándolo a que se dedique a un trabajo productivo y "no desperdicie" esfuerzos buscando protagonismos en foros internacionales, a costa de denuncias espectaculares que no hacen otra cosa que desprestigiar" a Panamá.
Italo Antinori denunció ante la CIDH, que en Panamá se le están violando sus derechos humanos, ya que un fallo de la Corte Suprema de Justicia menoscaba su inmunidad.
No es justo ni correcto que Antinori acuse al Ejecutivo, de decisiones tomadas por otros poderes independientes y es falso que la Corte sea influenciada por el mandatario Ernesto Pérez Balladares, dijo el ministro.
En tanto, el procurador José Antonio Sossa se declaró impedido para hablar sobre la denuncia e indicó que no mantiene ninguna disputa personal con el Defensor del Pueblo, alegando que el del problema es el propio Antinori.
"Yo no he tenido ninguna aspereza, yo ocupo una posición, tampoco quiero un acercamiento con Antinori, porque no soy un político, mi misión es que la ley se cumpla", advirtió.
Por su parte, la magistrada Graciela Dixon dijo que la denuncia de Antinori no cambia en nada la decisión de la Corte, porque sus fallos son definitivos e inapelables.
En tanto, la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher consideró razonable la actitud asumida por Antinori, al expresar que éste "tiene derecho de no sentirse satisfecho con el fallo de la Corte, porque afecta directamente sus funciones".
Sostuvo la Procuradora que aunque no avala el fallo emitido por la Corte Suprema hay que respetarlo, porque "vivimos en un Estado de derecho".
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