Gobierno no divulgará lista de aspirantes a magistrados

A pesar de la recomendación del procurador de la administración, Rigoberto González, y de la sociedad civil, que solicitó que se revelara la lista de los 153 aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Gobierno Nacional hará caso omiso.

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, informó que no se divulgará la lista de los 153 aspirantes a las dos vacantes que serán ocupadas a partir del 1 de enero de 2016 en la Sala de lo Civil y en la de lo Contencioso Administrativo.

"Fuimos claros con toda la sociedad civil en que solo se revelará el nombre de los 10 candidatos recomendados porque si se divulga toda la lista, lo único a lo que va a contribuir es al morbo. Lo que queremos es que se opine sobre los 10 que tienen reales posibilidades de ocupar el cargo, y no del resto", manifestó.

Alemán señaló que la comisión encargada de seleccionar a los 10 candidatos no tendrá más de dos semanas para hacer ese trabajo.

Explicó que en la primera semana del mes de diciembre se celebrará un Consejo de Gabinete en el cual se escogerá a los dos candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente se someterá su ratificación a la Asamblea Nacional.

La escogencia de los 10 preseleccionados estará a cargo de los ministros Álvaro Alemán, Milton Henríquez y el ministro consejero Francisco Sierra, con apoyo de la dirección jurídica del Ministerio de la Presidencia.

En tanto, el presidente de la República, Juan Carlos Varela, informó que en la tercera semana de noviembre se revelará la lista de los recomendados y al final de la segunda semana de diciembre se conocerá a las dos personas que hayan sido escogidas para ocupar estos puestos.

El mandatario aseguró que el país conocerá a los 10 recomendados para que se dé un gran debate sobre sus nombres y así poder asegurarse que, como país, se está haciendo la mejor elección.

Objetan la acción

Al respecto, la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, posteó en las redes: "¡Qué barbaridad! Me imagino que unos días antes de Navidad, como siempre. ¿Por qué no hacer la diferencia?".

Sandra Escorcia, del Movimiento Institucional y Justicia, lamentó la decisión de que no se dé a conocer a la población a los más de 100 aspirantes a magistrados.

Dijo que total transparencia habría significado que se divulgaran todos los nombres, ya que eso no le quita nada al proceso, sino que le ayuda a que sea claro y que los ciudadanos vuelvan a creer en la justicia.

Para la arquitecta, el escrutinio público favorece la democracia. Además, recordó que el propio mandatario prometió en campaña elevar estos temas a consulta pública.

Para Carlos Lee, miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, en aras de la transparencia del proceso, se debe hacer pública la lista de todos los aspirantes a esos puestos.

Resaltó que no es cuestión de morbo, sino que toda la sociedad civil ha levantado su voz para solicitar la divulgación de la lista.

"La sociedad tiene derecho a saber quiénes son los abogados que se sienten idóneos para ocupar los cargos que se someten a consideración de la opinión publica", añadió el abogado.

Maribel Gordón, del Frenadeso, reiteró que desde el principio han dicho que el eufemismo es un engaño más a la población y que el compromiso del presidente Varela frente a la transparencia de estos nombramientos no era tal.

Afirma que se trata de un mecanismo mediático por medio del cual el Ejecutivo tiene potestad para designar figuras y establecer los parámetros para que sean quienes desea.

Tampoco la consulta a supuestos grupos independientes, en la que participa el Movimiento Independiente por Panamá (Movin), "que todos saben a quién responde", garantiza ningún nivel de transparencia y "la práctica hoy nos está dando la razón", puntualizó Gordón.

¿Por qué no revelar los nombres? A juicio de la economista, no se hace porque aunque puede haber personas que tienen un buen currículo, no obedecen al interés del poder económico y político que quiere controlar el sistema.

Concluye que la metodología que se está usando está atada y que hay un canal dirigido para que los nombres que salgan respondan al Gobierno.