Gobierno no fija aún precio base del Canal 8

Los equipos técnicos de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas trabajan en forman independiente para establecer el precio comercial de las frecuencias de Canal 8 y 10, informó ayer el contralor de la República, Alvin Weeden.
Indicó que todavía ambos organismos no han podido sentarse oficialmente para establecer un precio oficial, porque tienen que esperar que el decreto sea publicado en la Gaceta Oficial.
"Esto no significa que el Ministerio de Economía y Finanzas y Contraloría no están trabajando cada uno por su lado, para establecer el parámetro mínimo que el Estado reclamará por este patrimonio", acotó Weeden.
Detalló que el decreto firmado por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, establece que sólo los cuatro precalificados participarán en esta licitación, porque las reglas del juego se mantienen.
Weeden explicó que tanto la Contraloría como el Ministerio de Economía y Finanzas cada uno establece un precio para luego consolidar el mínimo oficial.
Agregó que el Gobierno Nacional no comparte la decisión de la pasada administración de someter a licitación la frecuencia de Canal 10, sino que la hubiese otorgado a Canal 11 que no tiene señal en Colón.
"Nosotros no hubiésemos autorizado esta licitación, pero por la estabilidad jurídica del país someteremos a licitación el Canal 10", recalcó Weeden.
La presidenta de la República, Mireya Moscoso firmó el decreto ejecutivo mediante el cual se modifica el decreto para la licitación de la frecuencia de Canal 8 (antiguo canal del Comando Sur), donde ahora se plantea la necesidad de que se fije un precio oficial.
Corresponderá a la Contraloría General de la República aprobar las fianzas de propuesta y cumplimiento para que el Ente Regulador de los Servicios Público convoque al acto público de licitación.
Las cuatro empresas precalificadas para participar en la licitación pública, Telecomunicaciones Nacionales S.A., Televisora Panamericana S.A., Corporación Medcom Panamá S.A., y Televisión del Istmo S.A., han solicitado al Ente Regulador que establezca con la mayor brevedad un precio oficial a cada una de las frecuencias para lograr así la aprobación de las fianzas propuestas y la celebración inmediata de la licitación.
Según los representantes legales de las cuatro empresas, de no efectuarse en la mayor brevedad del tiempo la licitación, se seguirá perjudicando doblemente a la comunidad, ya que por un lado deja de percibir los ingresos mensuales que la concesión representa y, por el otro, no se benefician con las alternativas de programación que dos ó tres nuevas estaciones de televisión presentarían.