La Comisión de Justicia y Paz acusó ayer al Gobierno Nacional de no tener voluntad política para hacer justicia a los servidores públicos destituidos y advirtió que no está cumpliendo con el compromiso suscrito por los partidos políticos en el Pacto Etico Electoral, de respetar la estabilidad del funcionario y su libre militancia partidista.
De acuerdo con el comunicado suscrito por el organismo, la actual administración a un año de gobierno no ha respondido adecuadamente a las denuncias de funcionarios despedidos injustamente ni a las solicitudes efectuadas en esta materia por la Comisión de Justicia y Paz.
"No se puede seguir manejando los puestos públicos como históricamente se han manejado, es decir como botín político. Es hora que en Panamá los políticos cumplan con su compromiso de respetar la estabilidad del servidor público y lograr una gestión pública profesionalizada, eficiente, competitiva y acabar con esa vieja práctica que tanto daño ha hecho al país", destaca el comunicado de la entidad adscrita a la Iglesia Católica.
El organismo manifestó su preocupación por la destitución de funcionarios próximos a jubilarse, con muchos años de edad, con méritos y con una trayectoria profesional, y agregó que dejar sin efecto la Ley de Carrera Administrativa es un acto que violenta los derechos adquiridos por los trabajadores públicos, así como los principios fundamentales de un Estado de Derecho.
Sostiene que han sido improcedentes algunos puestos declarados insubsistentes por las autoridades nominadoras, porque se trataba de funcionarios que estaban protegidos por regímenes especiales, tal como lo ha manejado la Procuradora de la Administración en la circular No. DPA-001/2000 del 3 de febrero de este año.
La Comisión de Justicia y Paz explicó que logró concretar dos reuniones con algunas autoridades y a través del Ministerio de la Presidencia solicitó formalmente la intervención de la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
Destaca la nota que han acudido donde el director de la Ley de Carrera Administrativa para insistirle en el respeto a la Ley No.9 de junio de 1994 "Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa", la cual está vigente y por lo tanto, cualquier desacreditación debe hacerse conforme a lo establecido por la misma.
"Reiteramos nuestro convencimiento de que en los casos de funcionarios protegidos por leyes especiales y en los casos de funcionarios con muchos años de servicio, deben agotarse los mecanismos legales e internacionales que le permitan la defensa de sus derechos", plantea el comunicado.
Enfatiza que espera que la coyuntura política del país no traiga mayor inestabilidad en el sector público, porque los vaivenes de la política partidista no deben ser utilizados como excusa para afectar a panameños que trabajan en el engranaje gubernamental.
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