Un nuevo caso que demuestra la componenda del actual Gobierno, en conjunto con sus donantes, grupos autodenominados de la sociedad civil y medios de comunicación aliados, para atacar a la oposición y sectores críticos de su gestión se está dando en la actualidad.
En esta ocasión, los ataques van dirigidos al presidente de , Ricardo Francolini, a quien se le quiere vincular en una trama de supuesta corrupción en la que, otra vez, aparece el nombre del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, principal objetivo del complot oficialista.
A su vez, también se ha tratado de vincular al reconocido periodista y presentador de noticias de la televisora, Fernando Correa.
"Tengo la impresión de que las publicaciones de contra Fernando Correa tienen un matiz político-personal. Judicializan la política", escribió el abogado Neftalí Jaén.
Consultado sobre el rol de los medios adeptos al Gobierno, Jaén afirmó que pareciera que se busca condenar primero, antes que probar la inocencia de los imputados.
Este ataque a la libertad de expresión no es nuevo. En agosto pasado, el crítico periodista Julio Miller fue detenido, al ser vinculado con el caso del sistema de riego de Tonosí.
Su caso generó rechazo entre periodistas y comunicadores, quienes se sintieron identificados con Miller, quien argumentó que solo prestó sus servicios como profesional.
Se le dictó detención preventiva y ante la presión de familiares, amistades y ciudadanos descontentos con su situación, se le cambió la medida cautelar, debido a su delicado estado de salud.
Estas acusaciones, al igual que anteriores casos, se dan en momentos en que el Gobierno es duramente golpeado por la opinión pública, por asuntos como la presión de grupos aliados como el Movin para incidir en la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema, así como la falta de dinamización de la economía, lo que ha agudizado la crisis en pilares productivos como la Zona Libre de Colón e incide en un aumento del desempleo en el país.
Según el exvicepresidente Arturo Vallarino, la comunidad ya califica a los medios que realizan estos ataques, como oficialistas, porque se nota una coordinación entre el aparato gubernamental y estas empresas informativas "que dicen ser independientes".
Móvil del complot
En un nota de se reveló que los expedientes contra funcionarios y proveedores del gobierno de Martinelli son armados en el Consejo de Seguridad Nacional.
Los procesos llegan prácticamente listos a las fiscalías, quienes solo se encargan de realizar las indagatorias y dictar las medidas cautelares.
A la par de recibir el Ministerio Público los expedientes, estos son expuestos en medios afines al Gobierno, debido al vínculo con sus propietarios, los cuales ejercen la respectiva presión mediática para volcar la opinión pública a su favor.
La frase
- Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.
- Declaración de Chapultepec
- 11 de marzo de 1994
