Era la voz de los sin voz. A todas luces se notaba que su educación era muy poca y que su vocabulario no correspondía a la majestad de un tribunal. Pero supo mantener la atención de la audiencia y hasta logró que una lágrima furtiva corriera por el rostro de algunos de sus compatriotas.
Con voz lastimera desgranaba el dolor que sintió cuando su pueblo fue inundado para crear un embalse que permitiera la construcción de una hidroeléctrica. Eso fue hace más de dos décadas.
Tuvo que huir de su país (El Salvador) hacia la zona fronteriza con Honduras. Durmió en el suelo, vivió de manera muy precaria y en el interín, dos de sus hijos murieron.
Pasados los años, regresó a su país y se instaló en sus montañas. Rehizo su vida, y todo ¿para qué? Sólo para descubrir que la historia se repite en espiral y que el poblado donde ha instalado su hogar, también será afectado directamente por la construcción de otra hidroeléctrica y otra vez deberá reubicarse, aunque a estas alturas ya no hay tierras de donde escoger. ¿Coincidencia? Sí y no. Veamos:
El agua es un recurso vital para la vida del hombre, los animales y las plantas, pero no llega a todos; no porque haya poca, sino porque las inadecuadas políticas de los estados, tanto para su manejo, como para su distribución, han traído como consecuencia una carencia injusta que agobia a millones de latinoamericanos y a otros los afecta directa o indirectamente.
Eso es lo que plantea el Tribunal Centroamericano del Agua, con sede en Costa Rica, y que la semana pasada juzgara 11 casos de contaminación de aguas y otros impactos sobre ecosistemas hídricos en Centroamérica.
El tribunal, conformado por nueve jurados y tres jueces, es una experiencia que apenas inicia y que surgió del Tribunal Latinoamericano del Agua para crear instancias de justicia paralela, donde las sociedades civiles ponen a prueba su capacidad para organizarse y procesar a los responsables del deterioro de los recursos hídricos y ambientes acuáticos de la región.
Ese tribunal tiene como propósito hacer valer los instrumentos de derecho ambiental existentes en cada país centroamericano y utiliza la fuerza ética y la condena moral para demostrar que la sociedad es capaz de reaccionar frente a la inacción de los gobiernos, los intereses económicos, las políticas contradictorias y la tolerancia a los agresores del agua.
Incluso, según documento suministrado por esa instancia, el tribunal se ha propuesto interceder para que las situaciones denunciadas se reviertan.
En consecuencia, los jurados y jueces pueden condenar a las partes demandadas, pero esa condena es sólo moral, por cuanto el tribunal es ético y no tiene poder judicial, si se toma en cuenta que sus acciones no derivan de ninguna autoridad conferida por Estado alguno.
De esta forma, el Tribunal Centroamericano del Agua condenó la pasada semana a varios gobiernos del istmo, a diversas empresas y hasta a organismos internacionales de crédito, que otorgan préstamos sin medir el impacto ambiental que pueden causar los proyectos que financian.
JUZGAMIENTOS
Costa Rica: El tribunal escuchó las denuncias presentadas por la Asociación Administradora del Acueducto Rural de Sabanilla, la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael de Poás, la Junta Administradora del Acueducto Rural de Dulce Nombre de San Isidro y representantes de los cantones de Poás y Alajuela en Costa Rica.
Denunciaron que, debido a la producción de helechos en unas mil 400 hectáreas, se están afectando de forma irreversible las aguas de manantiales, ríos y aguas subterráneas. Y lo que es peor: esas son fuentes del vital líquido para uso de los pobladores de las zonas adyacentes, por lo que su salud se ha visto afectada.
Además, el contacto con agroquímicos de alta toxicidad, prohibidos en los países donde se fabrican, también dañan la salud de los habitantes. De igual forma, denunciaron que de continuar con la producción de helechos utilizando sistemas de riego sin los debidos permisos, está comprometiendo la disponibilidad futura del recurso agua.
En este caso, el tribunal rechazó el cultivo de esta planta en las condiciones denunciadas y conminó a las autoridades respectivas a que suspendan de manera inmediata toda actividad de producción con tratamiento de agroquímicos en las áreas de humedales, cuerpos de agua y en las nacientes de los ríos y manantiales.
GUATEMALA
Ambientalistas de este país denunciaron en el tribunal el asesinato de dos miembros del Consejo Nacional de Areas Protegidas, el pasado 29 de febrero. Ellos son el abogado Erwin Ochoa y Julio Vásquez, asistente administrativo de esa organización.
Presuntamente, la causa inmediata de los asesinatos está vinculada al papel de las víctimas como investigadores en casos de depredación del medio ambiente y la gestión de Ochoa, quien había laborado en el Ministerio Público donde interpuso una acción de antejuicio en contra de un alcalde del Petén por el delito de malversación.
Inmediatamente después, estalló una granada en su casa, que no le causó daños y luego fue destituido de su cargo.
El tribunal exhortó a las autoridades guatemaltecas a adoptar la más enérgica investigación de este caso, hasta encontrar a los culpables y procesarlos.
PANAMA
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana denunció a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA), al Gobierno de Panamá y la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial por la construcción de un pedraplén frente a Panamá Viejo, Coco del Mar y Boca La Caja, en la Bahía de Panamá, como parte del Corredor Sur, además de dos islas que forman parte del proyecto inmobiliario Punta Pacífica.
Según la demandante, ambas obras son inadecuadas. La primera de ellas porque el pedraplén ha disminuido el oleaje y efecto dinámico de las mareas, lo que provoca la acumulación de sedimentos fecales a lo largo de la sección marina del corredor.
La segunda, porque los rellenos para su construcción, aunado al pedraplén del Corredor Sur, afectarían de tal modo a la Bahía de Panamá, que ésta podría dejar de ser un cuerpo de agua para convertirse en un pantano de lodo fecal que perjudicaría a un millón de panameños.
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana demandó a ICA por no realizar un Estudio de Impacto Ambiental adecuado que tomara en cuenta la corriente marina de Colombia, considerada como la responsable de la dispersión de las aguas servidas provenientes de ríos y quebradas que desembocan en la Bahía de Panamá, cuya descarga alcanza las 100 mil toneladas diarias, de las cuales el 80% es materia fecal en suspensión.
Las autoridades del Gobierno de Panamá fueron condenadas por el tribunal, por seguir permitiendo que tal situación se dé, a la vez que culpó a ICA por los daños y riesgos ambientales causados a las comunidades afectadas, y también a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, por financiar las obras sin el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental adecuado.
Conminó a ICA a que ejecute las medidas de mitigación pertinentes, tales como los drenajes que impidan inundaciones y sedimentaciones y al Gobierno a que renegocie el contrato de concesión para cancelar inmediata y definitivamente los rellenos de Punta Pacífica.
La parte demandante estuvo representada por su director Félix Wing, mientras que fungieron como testigos Gloria de Castillo, en representación de comunidades de Juan Díaz, afectadas con los rellenos contiguos al corredor para la construcción de barriadas y quien fustigó al Banco Mundial por dar financiamiento a proyectos de este tipo, que perjudican a gran cantidad de ciudadanos; Edilma González, quien se refirió a la contaminación de la barriada Campo Lindberg, por el aumento abrupto del tráfico por el área al salir del entronque del corredor que conecta con el vecindario, y Aurora de Robinson, quien se pronunció contra ICA por la falta de drenajes pluviales adecuados, lo que propicia la proliferación de chitras que causan Leshmaniasis a los residentes en Ciudad Radial y áreas circunvecinas.
También participó con una exposición técnica el hidrólogo argentino, Pablo Bereciartua, consultor de Phillip, Williams y Asociados (PWA), empresa que estableció que los estudios de Impacto Ambiental realizados por ICA no son adecuados.
RIO PACORA
La joven abogada panameña, Susana Serracín Lezcano y la presidenta del Comité Pro Defensa del Río Pacora, María Eugenia de Guardia, denunciaron en el tribunal los daños causados al río y a las poblaciones cercanas por la extracción indiscriminada de arena, ripio y piedras de esa fuente de agua.
La abogada acusó a las empresas Concreto, S.A., ICA, Unicontal, Moliendas Generales (concesionaria de ICA), Agregados Nacionales, Canteras Las Vegas, a los ministerios de Obras Públicas y de Comercio e Industrias, así como a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), de alterar el cauce y las características físicas del río y de su afluente, el río Cabobré, lo que causa constantes inundaciones y grandes pérdidas a la población.
Además, de causar daños a la única fuente de agua para potabilizar del sector, lo que fue debidamente certificado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), desde 1991.
En este caso, el tribunal exigió a las empresas y entidades que cesen las actividades de extracción de materiales del río y tomen las medidas necesarias para recuperar las áreas degradadas.
Al mismo tiempo, censuró a las autoridades gubernamentales, incluyendo a la presidenta Mireya Moscoso y sus predecesores (Guillermo Endara y Ernesto Pérez Balladares) por su pasividad, altamente perjudicial para sus conciudadanos de la cuenca del río.
María Eugenia de Guardia sirvió como testigo y presentó ante el jurado fotografías, piedras, agua del río y documentos certificados como pruebas del daño ocasionado por las extracciones.
EL SALVADOR
Este país, de sólo 20 mil kilómetros cuadrados de superficie y más de seis millones de habitantes, casi no tiene mantos acuíferos. Sin embargo, el Estado pretende construir un proyecto habitacional en una de las pocas zonas de San Salvador, su capital, que aún tiene una reserva forestal. Esa es la Finca El Espino.
El Salvador es el país centroamericano con la más baja disponibilidad de agua per cápita, el nivel de deforestación más alto de América y la densidad de población más alta del istmo centroamericano.
En consecuencia, el Comité Pro Defensa de la Finca El Espino, interpuso una demanda en el tribunal ante las pretensiones del Estado, que amenazan seriamente la disponibilidad futura de agua potable de San Salvador.
El tribunal decidió censurar al Gobierno de El Salvador y a los tres Organos que lo conforman, por el manejo injusto e irregular que ha dado al destino y uso de los suelos de esa finca, con el consiguiente perjuicio para los habitantes de la capital salvadoreña.
De este país, provino también la demanda de la Fundación Río Lempa contra la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), empresa estatal productora y distribuidora de energía, que pretende construir una quinta represa -El Cimarrón-en el alto del Río Lempa.
Con el proyecto se desviarían las aguas del embalse de El Cimarrón al río Metayate, mediante la construcción de un túnel de 11 kilómetros, reduciendo el caudal del río Lempa, de 32.7 m3/seg a 0.7 m3/seg. La reducción del caudal abarcaría una distancia de 76.5 kilómetros, afectando diversos poblados y más de 100 mil personas, entre ellas, aquel campesino que mencionáramos al principio; los ecosistemas y fuentes de agua potable.
El tribunal recomendó al Gobierno salvadoreño que suspenda el proyecto y demandó al Banco Mundial a que se abstenga de dar el financiamiento para el mismo.
Estos son sólo algunos de los casos tratados en el Tribunal Centroamericano del Agua, que realizó su primera audiencia pública la pasada semana, si bien, sólo una de las empresas demandadas (Químicas Magna, de Honduras), se presentó como contraparte o parte demandada.
Ninguno de los gobiernos envió representación, aunque sí notas al tribunal. ICA de Panamá envió un abogado que no hizo uso de su derecho a exponer su parte y se limitó a grabar y filmar la vista pública. Rehusó dar declaraciones a este medio.
OTROS CASOS JUZGADOS EN TRIBUNAL DEL AGUA
El jurado del Tribunal Centroamericano del Agua está conformado por el panameño Juan José Gutiérrez Toral, director del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad de Panamá; Fernando Durán Ayanegui, Director de la Fundación Arias de Costa Rica; María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Ampliación del Derecho, de El Salvador; Augusto Willemsen Díaz, ex funcionario de Derechos Humanos de la Secretaría de las Naciones Unidas y ex procurador adjunto de Derechos Humanos de Guatemala; Melvin Walace, director del Centro de Investigación Realidad América Latina, de Nicaragua; Concepción Ferrfino, físico matemático, de Honduras; Christian Guy Caubet, profesor del Centro de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Santa Catarina de Brasil, y coordinador del Tribunal Latinoamericano del Agua, e Ismael Cubells Raga, presidente del Tribunal de las Aguas de Valencia, España.
Actuaron como jueces José María Borrero, de Colombia; Danilo José Antón, de Uruguay, y Javier Bogantes, coordinador costarricense del tribunal.
En la instancia se presentaron también los casos de denuncia del Centro Von Humboldt contra la empresa Hemconic, S.A., el Gobierno de Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y la Administración Nacional de Recursos Ecológicos, por la contaminación por extracción de oro en la Región Autónoma Atlántico Norte de Nicaragua.
Además, el Colectivo Madre Selva denunció a las empresas Anadarko Petroleum Co. y Basic International Bahamas Resources, al Estado de Guatemala y las instituciones de Gobierno por la destrucción y contaminación de la Laguna del Tigre, Petén, en Guatemala, causadas por las actividades petroleras.
De la misma forma, El Frente Ecológico Hondureño denunció la contaminación por descarga de contaminantes en las aguas continentales subterráneas en Tegucigalpa por parte de la empresa Químicas Magna.
Se juzgó además, al Estado de Nicaragua y al Ministerio de Ambiente de Costa Rica por el deterioro de la cuenca hidrográfica del río San Juan.
También al Ministerio de Ambiente, al de Salud y a la Municipalidad de San José por autorizar las obras preliminares de un Relleno Sanitario sobre los mantos acuíferos Colima Superior y Colima Inferior del Valle Central en Costa Rica.
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