Claves
- Amenazas
- Al finalizar el programa de amnistía entre el Gobierno y los grupos de pandilleros para que entregaran las armas, estos amenazaron con volver a cometer actos delictivos.
- Delito penal
- El artículo 170 del Código Penal tipifica como delito obstaculizar el libre tránsito y establece penas entre los seis meses y dos años de prisión.
- Gestión del Gobierno
- Dos meses y medio de gestión tiene la administración del presidente Varela.
Las amenazas de protesta por parte del transporte pirata y la advertencia de volver a las armas de parte de los pandilleros que reciben subsidios del Gobierno son el producto de políticas poco efectivas y permisibles que incentivan la anarquía social, señalaron críticos de la gestión del presidente Juan Carlos Varela.
En su cuenta de Twitter, el presidente escribió que el Programa Barrios Seguros sería el pie de fuerza que seguirán aplicando contra la delincuencia. “Mantendremos el programa #BarrioSeguro y actuaremos con mano firme con los que insisten en delinquir”, sin embargo, la política de diálogo que ha mantenido durante los dos meses y medio de su gestión ha generado otros conflictos y, contrario a ello, permitido la anarquía social, opinaron los expertos.
Según el sociólogo Marco Gandásegui, “el país se ha sumergido en la epidemia de las pandillas”, y el no promover la educación como una mejor solución.
Por otra parte, los constantes cierres de calle que han sido tipificados como un delito en el Código Penal, han permitido a través de la mediación del Gobierno la violación flagrante de los derechos ciudadanos de otros panameños.
Virgilio De Sousa, exdirector nacional de Comercio en el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), señaló que existen delitos perfectamente tipificados en el Código Penal relacionados con las protestas en los que se haga cierre de calles, y pueden sancionarse.
Añadió que en este momento ha podido “percibir que existe cierto tipo de gobernabilidad hacia la mediación, pero ya donde hay amenazas por ciertos grupos de cierre de calle, y llamen e inciten al desorden público, definitivamente se les debe aplicar todo el peso de la ley”.
A juicio del analista de mercado Jaime Porcell, el Gobierno debe actuar antes de que se produzcan los cierres de calle con mano dura. “Eso nos perjudica, sobre todo, a los que podríamos estar de acuerdo con las reivindicaciones populares. Cumplir lo que tú prometes y establecer diálogos en consenso, y al que no cumple, que le caiga la ley”, señaló el analista Porcell.
Plantea que “no se ha puesto a órdenes de la ley a alguna persona que transgreda los derechos tuyos o míos del libre tránsito”.
