Tres años y un mes, han transcurrido desde que inició la investigación por la malversación de fondos donados por la República de Taiwán a Panamá, para la realización de tres obras gubernamentales.
Fueron 70 millones de dólares, las donaciones hechas a través de la Fundación Mar del Sur, Fundación pro Educación Integral de la Niñez y la Juventud y Asociación Pro-reformas del Palacio Bolívar.
Los dineros fueron transferidos del Banco Nacional de Panamá a un banco privado sin dar cuenta a la Contraloría General de la República.
La Alianza Ciudadana Pro Justicia en un seguimiento hasta el mes de octubre de este año conoció que el expediente Nº 1204-04, el cual recoge todo el proceso Mar del Sur se encuentra en el despacho del magistrado Víctor Benavides en la Corte Suprema de Justicia.
El 12 de abril de este año se elaboró un proyecto sobre el caso, el cual se mantiene en lectura. Al mismo tiempo, el magistrado Harley Mitchel se declaró impedido para conocer el expediente, pero fue declarado ilegal.
La Procuraduría presentó un impulso procesal para que se pronuncie la Corte.
Se detalla que la Corte debe nombrar a un magistrado para que actúe como fiscal e investigue al diputado del PARLACEN vinculado a Mar del Sur. Los demás miembros de las fundaciones deben ser investigados por el Ministerio Público.
